El 19 de mayo de 2026, Moody's Ratings recortó la calificación soberana de México a Baa3 desde Baa2, con perspectiva estable. El dictamen cita gasto rígido, base tributaria limitada y apoyo continuo a Pemex como factores que debilitan la flexibilidad fiscal en un entorno de crecimiento del 0.6%.
Mexconomy — La calificación crediticia de un país refleja la confianza de los mercados en su capacidad para honrar compromisos financieros. Cuando Moody's Ratings rebajó la nota soberana de México a Baa3 —el último escalón antes de perder el grado de inversión—, el mensaje fue técnico pero contundente: la rigidez del gasto público, una base de ingresos estrecha y el respaldo continuo a empresas del sector público como Pemex limitan la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un contexto de crecimiento económico débil.
La acción de Moody's se suma a la revisión a negativa que S&P Global Ratings realizó el 12 de mayo de 2026, confirmando BBB en moneda extranjera pero advirtiendo sobre la materialización de pasivos contingentes y la incertidumbre en la renegociación del T-MEC. Fitch Ratings, por su parte, mantiene a México en BBB- con perspectiva estable. Las tres agencias coinciden en un diagnóstico: la flexibilidad fiscal se ha erosionado, y el margen para consolidar las finanzas públicas sin sacrificar gasto social o inversión productiva es cada vez más estrecho.
Los indicadores macroeconómicos de fondo refuerzan la cautela. El crecimiento del PIB en 2025 se ubicó en 0.6%, mientras la deuda pública neta alcanzó 53.2% del PIB. El costo financiero de la deuda representa más del 4% del PIB, desplazando recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación o salud. En este entorno, la condición de Domar —cuando la tasa de interés supera la tasa de crecimiento— opera con un spread de 8.6 puntos porcentuales, lo que implica que, sin un ajuste fiscal significativo, la deuda tiende a crecer de manera automática.
El reporte de Moody's destaca que, a pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas —como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo— han debilitado los pilares de la política fiscal. El apoyo extraordinario a Pemex, que en 2025 superó los 250 mil millones de pesos, ilustra esta tensión: recursos que no se invierten en productividad o formalización laboral, sino en cubrir pasivos de una empresa con declive operativo. La plataforma petrolera cayó de 1,875 miles de barriles diarios en 2023 a 1,646 mbd en febrero de 2026, mientras las exportaciones de crudo se redujeron 61% en el mismo periodo.
La pregunta que ni Moody's ni las otras agencias pueden responder es política: quién pagará el ajuste necesario para restaurar la flexibilidad fiscal. Una reforma tributaria que amplíe la base sin afectar el consumo de los hogares vulnerables, una política industrial que impulse la productividad, o una estrategia de formalización laboral que amplíe la recaudación, son rutas posibles. Pero todas exigen decisiones difíciles. La calificación de Baa3 no es un veredicto irreversible; es una advertencia: el tiempo para actuar con profundidad y coherencia se agota.
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