El INEGI reporta 35,193 adolescentes imputados en 2024, un aumento del 7.1% anual. Las lesiones desplazan al robo como delito más frecuente. El 33.1% de los internados carece de resolución judicial, la cifra más alta desde 2017. Sonora y Aguascalientes registran las tasas más altas de internamiento.
Mexconomy — El sistema de justicia penal para adolescentes en México enfrenta una presión creciente, en un contexto de estancamiento económico, debilidad del mercado laboral y persistencia de la violencia. Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que durante 2024 fueron imputadas 35,193 personas adolescentes por la presunta comisión de delitos, lo que representa un aumento del 7.1% respecto a 2023 y del 55.4% en comparación con 2021, el año con el registro más bajo. La tasa nacional de adolescentes imputados se ubicó en 259.3 por cada 100 mil habitantes de ese grupo etario, con Aguascalientes (841.1), Nuevo León (665.4), Sonora (631.5) y Ciudad de México (611.8) muy por encima de la media nacional. Estos datos se producen en un entorno donde el PIB real del primer trimestre de 2026 se contrajo 0.6% y las actividades secundarias cayeron 1.0%, lo que limita las oportunidades de empleo y educación para los jóvenes.
El delito de lesiones se consolidó como el más frecuente en las carpetas de investigación iniciadas en 2024, con el 23.5% del total de 36,447 ilícitos registrados, desplazando al robo (12.6%), que había sido el principal entre 2017 y 2021. Las amenazas (10.6%), el abuso sexual (8.6%) y el narcomenudeo (8.4%) completan los cinco primeros lugares. La transformación del perfil delictivo refleja un aumento de la violencia interpersonal y una mayor participación de adolescentes en delitos contra la salud, fenómeno que se vincula con la fragmentación del mercado de drogas y el reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales, en un contexto de debilidad institucional y pobreza persistente que afecta a 8.6 millones de hogares sin acceso a internet, según la ENDUTIH 2025.
Las cifras de internamiento confirman la gravedad de la situación. Durante 2024, 1,562 adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales, 9 de cada 10 hombres, lo que representa un incremento del 3.6% respecto a 2023, rompiendo una tendencia a la baja de años anteriores. La tasa nacional fue de 17.2 por cada 100 mil adolescentes de 14 a 17 años, pero en Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8) la cifra se dispara. Solo seis entidades —Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León— concentraron el 55.1% de los ingresos. En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso a centros de internamiento en 2024, lo que podría reflejar una menor incidencia delictiva o, más probablemente, una subnotificación o ausencia de infraestructura adecuada para la aplicación de medidas privativas de la libertad.
El cambio en la tipología de los delitos que motivan el internamiento es alarmante. En 2024, el narcomenudeo (19.4%), el homicidio (16.6%) y el robo (16.0%) se posicionaron como los principales delitos por los que los adolescentes fueron privados de la libertad, seguidos de delitos con armas de fuego (15.2%) y violación (11.9%). Para las mujeres adolescentes, el narcomenudeo representa el 29.4% de los delitos, seguido de delitos con armas (17.5%) y homicidio (14.3%). La presencia del secuestro (12.7%) entre las mujeres es particularmente preocupante. Este perfil delictivo se aleja del robo como delito patrimonial y se acerca a delitos de alto impacto social, lo que sugiere un reclutamiento más agresivo de adolescentes por parte de grupos delictivos organizados, en un contexto donde la inflación general de 3.55% en junio de 2026 erosiona el poder adquisitivo y empuja a los jóvenes a actividades ilícitas como vía de supervivencia.
La crisis del sistema de justicia adolescente no se limita a la cantidad de casos, sino a la calidad y celeridad de los procesos. Al cierre de 2024, el 33.1% de las personas adolescentes en internamiento no contaba con resolución judicial, la cifra más alta desde 2017, cuando comenzó la serie. Esto implica que uno de cada tres adolescentes privados de su libertad está en espera de una sentencia definitiva, en muchos casos por periodos que superan el año, en violación del principio de excepcionalidad y brevedad que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El rezago judicial refleja la insuficiencia de recursos institucionales: solo 141 personas juzgadoras de control o garantías a nivel nacional, y la mitad de ellas también funge como jueces de juicio oral y ejecución de sanciones, lo que genera cuellos de botella y dilaciones.
El contexto social de los adolescentes en conflicto con la ley es desolador. El 18.1% de los adolescentes en internamiento no tenía ningún nivel educativo o solo contaba con primaria o preescolar; el nivel más frecuente es la secundaria (34.5%), pero esto significa que la gran mayoría abandonó la escuela antes de concluir la educación básica. En el entorno general, las muertes por homicidio de adolescentes alcanzaron 1,153 en 2024, con una tasa de 8.5 por cada 100 mil, y los suicidios se ubicaron en 5.1 por cada 100 mil, con un alarmante aumento en mujeres adolescentes, que pasaron de 3.2 a 5.0 por cada 100 mil entre 2017 y 2024. Estas cifras son el reflejo de una sociedad que no ofrece horizontes a sus jóvenes: el desempleo, la pobreza, la violencia y la falta de acceso a educación y tecnología (solo 44.7% de los hogares tiene computadora) crean un caldo de cultivo para la delincuencia y la desesperanza.
El sistema penal adolescente, concebido como una alternativa restaurativa y educativa, muestra signos de colapso. El aumento de imputados, la saturación de los centros de internamiento (que operan al 24% de su capacidad en promedio, pero con concentraciones en ciertas entidades), la falta de personal especializado (solo 6,396 agentes del MP en todo el país) y la creciente violencia en los delitos cometidos por adolescentes apuntan a la necesidad de una política integral que ataque las causas estructurales de la delincuencia juvenil. La economía mexicana, con un crecimiento real anual del PIB de apenas 0.4% en el primer trimestre de 2026 y una inflación subyacente del 4.12%, no genera los empleos ni las oportunidades que podrían alejar a los jóvenes del crimen. Mientras el Banxico mantiene una postura restrictiva y el conflicto en Medio Oriente eleva la incertidumbre global, la inversión en prevención y educación sigue siendo insuficiente, y los adolescentes siguen pagando el precio de una sociedad que no logra garantizarles un futuro digno.
0 Comentarios