La deuda neta del sector público se mantiene en 51% del PIB en junio de 2026, gracias al crecimiento nominal de la economía y a la apreciación del peso. Moody's rebaja calificación soberana de Baa2 a Baa3, pero México conserva grado de inversión.
Mexconomy — La deuda pública mexicana mostró una estabilidad inesperada en el primer semestre de 2026, a pesar del crecimiento del déficit fiscal y del mayor gasto social. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 51% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de junio, 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto en el programa presupuestal, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La deuda neta del gobierno federal, por su parte, representó 47.8% del PIB. Este resultado se explica por dos factores clave: el crecimiento nominal de la economía —impulsado por la inflación y el crecimiento real— y la apreciación del tipo de cambio, que redujo el valor en pesos de la deuda externa. Sin embargo, el saldo nominal de la deuda bruta aumentó de 18.115 billones a 20.355 billones de pesos, un incremento de 2.24 billones en el semestre.
La composición de la deuda sigue siendo favorable para la estabilidad financiera. El portafolio de la deuda interna está mayoritariamente denominado en moneda nacional (78.3%), a tasa fija (86.5% a largo plazo) y con vencimientos de largo plazo, lo que reduce los riesgos de refinanciamiento y de tipo de cambio. La deuda externa, aunque representa el 21.7% del total, se mantuvo estable en dólares (235,066 millones), y la apreciación del peso del 2.6% frente al dólar en el segundo trimestre contribuyó a disminuir su peso relativo. El costo financiero se redujo 4.8% real anual en el semestre, gracias a la estrategia de refinanciamiento del gobierno federal, que generó ahorros por 111 mil millones de pesos en comparación con lo programado.
El deterioro de la calificación crediticia soberana es la nota discordante en este panorama. Moody's modificó la calificación de Baa2 a Baa3 y mejoró la perspectiva de negativa a estable. En contraste, Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I ratificaron sus calificaciones soberanas, con lo que México conserva el grado de inversión de las ocho agencias que evalúan su deuda soberana. El ajuste de Moody's obedece a la percepción de un mayor riesgo fiscal derivado del incremento del gasto corriente y de la debilidad de los ingresos tributarios, especialmente la caída del ISR. La SHCP destacó que la rebaja no afecta el acceso a los mercados de financiamiento, y que el país mantiene condiciones favorables, como lo demuestra la emisión de bonos en el mercado externo (5 mil millones de dólares a 11 años y 2 mil millones a 20 años) con tasas competitivas.
La sostenibilidad de la deuda depende de la trayectoria del crecimiento económico y de la disciplina fiscal. El PIB creció 1.5% trimestral y 2.1% anual en el segundo trimestre, pero el balance primario cayó 51.3% en el semestre, lo que limita el margen para reducir el endeudamiento. El gobierno ha optado por mantener el gasto social —que creció 9.7% real— y financiar el déficit con deuda, pero la apreciación cambiaria es un factor volátil que puede revertirse si las tensiones geopolíticas en Oriente Medio o la revisión del T-MEC afectan la confianza de los inversionistas. La SHCP asegura que la deuda se mantiene en un nivel moderado en comparación con otras economías de América Latina, y que el refinanciamiento de pasivos ha mejorado el perfil de vencimientos.
El desafío para la política fiscal es claro: mantener la deuda en una trayectoria descendente como porcentaje del PIB, mientras se sostiene el gasto social y se estimula la inversión. Por ahora, el gobierno ha cumplido su objetivo de estabilidad, pero la rebaja de Moody's es una señal de alerta sobre la fragilidad de las finanzas públicas. El panorama externo, con volatilidad cambiaria y tasas de interés internacionales elevadas, podría revertir la apreciación del peso y encarecer la deuda. La estabilidad actual es frágil y depende tanto de la política fiscal interna como de un entorno global que sigue siendo incierto.
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