El Paquete Económico 2027 proyecta deuda de 56.5% del PIB en 2032 y déficit de 3.1%, pero México no ha cumplido sus metas de crecimiento desde 2018. La inversión física cae de 2.6% a 1.7% del PIB. La consolidación fiscal se logra recortando inversión pública.
Mexconomy — El Paquete Económico 2027 proyecta que en el periodo 2028-2032 la economía mexicana crecerá a un ritmo promedio de 1.5% a 2.5% anual, que el déficit descenderá de 3.7% a 3.1% del PIB y que la deuda se estabilizará en 56.5% del PIB. Las metas son ambiciosas, pero el expediente muestra que México no ha cumplido proyecciones similares desde 2018. El crecimiento promedio del PIB entre 2019 y 2026 ha sido de 0.8% anual, muy por debajo del 2% que el gobierno proyecta para los próximos cinco años. La inversión privada acumula una contracción de 0.7% en el semestre, el empleo formal en sectores productivos cae 1.5% anual y la informalidad alcanza 56.2%. La consolidación fiscal que el documento promete se logrará recortando la inversión física de 2.6% a 1.7% del PIB, lo que limita el crecimiento potencial y hace más difícil reducir la deuda en el futuro. Este reportaje cierra la serie de siete entregas sobre el Paquete Económico 2027, pero a diferencia de los anteriores, no da por hecho el cumplimiento de las metas: las contrasta con la evidencia de incumplimiento sistemático que el propio expediente documenta.
Las proyecciones de mediano plazo del Paquete 2027 se parecen sospechosamente a las de años anteriores. En 2019, el gobierno proyectó un crecimiento de 2.0% para 2020; el PIB cayó 8.2%. En 2020, proyectó 4.6% para 2021; creció 5.0%, pero solo por el rebote post-pandemia. En 2021, proyectó 3.9% para 2022; creció 3.9%. En 2022, proyectó 3.0% para 2023; creció 3.2%. En 2023, proyectó 2.6% para 2024; creció 1.5%. En 2024, proyectó 2.0% para 2025; creció 0.5%. En 2025, proyectó 1.8% a 2.8% para 2026; el gobierno estima ahora 1.0% a 2.0%, y los analistas esperan 1.2%. La historia se repite: el gobierno proyecta un crecimiento que no se materializa, y luego ajusta las metas a la baja sin reconocer el incumplimiento. El Paquete 2027 hace lo mismo: proyecta 1.5% a 2.5% para 2027, pero los analistas esperan 1.8% y el IOAE anticipa una desaceleración mensual de apenas 0.1%. Nada indica que esta vez será diferente.
La inversión física es la variable que más se deteriora en el mediano plazo. El gobierno proyecta que la inversión física se ubicará en 1.7% del PIB en promedio entre 2028 y 2032, una caída significativa respecto al 2.6% proyectado para 2027 y al 2.5% estimado para 2026. Esto significa que el esfuerzo de inversión pública que caracteriza al Paquete 2027 —con 560,173 millones de pesos en infraestructura y proyectos como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y las obras hidráulicas— se reducirá en los años siguientes. El gobierno explica que la inversión física "se ajusta para alcanzar los objetivos de déficit", es decir, que la consolidación fiscal se logrará principalmente recortando la inversión pública. Esta decisión tiene implicaciones de largo plazo: la inversión en infraestructura es la que expande la capacidad productiva, reduce los costos logísticos y eleva el producto potencial. Si la inversión cae de 2.6% a 1.7% del PIB, el crecimiento futuro será menor, la deuda más difícil de pagar y la convergencia con las economías desarrolladas más lenta. El gobierno apuesta a que el sector privado compensará la reducción de la inversión pública, pero el expediente muestra que la inversión privada acumula una contracción de 0.7% en el semestre y que el 0% de los analistas considera que es un buen momento para invertir, según la encuesta de Banco de México.
El escenario de mediano plazo también proyecta una cuenta corriente deficitaria modesta, un precio del petróleo en declive y un crecimiento estable de Estados Unidos. La cuenta corriente registrará un déficit promedio de 0.4% del PIB entre 2028 y 2032, financiado con flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que "continuarán siendo una fuente importante de financiamiento de la inversión doméstica". El precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) descenderá de 66.9 dólares por barril en 2028 a 60.6 dólares en 2032, en línea con la trayectoria de los mercados de futuros. La plataforma de producción se mantendrá en torno a la meta de 1.8 millones de barriles diarios, sin crecimiento. La economía de Estados Unidos crecerá 2.0% anual en promedio, y su producción industrial aumentará 1.8%, lo que "continuará respaldando la demanda de exportaciones mexicanas". El escenario es consistente con la tendencia observada, pero no contempla choques adversos: una recesión en Estados Unidos, una nueva escalada en Medio Oriente, una corrección en los precios de los activos tecnológicos o una desaceleración de China podrían alterar todas las proyecciones. El gobierno reconoce que "persisten dos riesgos" en el entorno financiero global: "el aumento en la volatilidad ante un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comerciales" y "una corrección en los precios de los activos y de las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial". Si alguno de estos riesgos se materializa, las condiciones de financiamiento para México se endurecerían, el tipo de cambio se depreciaría, la inflación repuntaría y el costo de la deuda aumentaría, en un contexto donde el margen fiscal ya es limitado.
Los supuestos de las finanzas públicas de mediano plazo revelan que el gobierno confía en que la recaudación crecerá al mismo ritmo que la economía y que los ingresos petroleros se mantendrán estables. Los ingresos tributarios "aumentan al mismo ritmo que la actividad económica, por lo que se mantiene constante como porcentaje del PIB"; los ingresos no tributarios "se mantienen constantes como porcentaje del PIB" y "no consideran ingresos extraordinarios"; y los ingresos de organismos y empresas (IMSS, ISSSTE y CFE) "consideran un crecimiento igual al crecimiento de la economía para el periodo". Es decir, el gobierno no proyecta un aumento de la presión tributaria más allá del 15.9% del PIB alcanzado en 2027, ni ingresos adicionales por reformas fiscales posteriores. La consolidación fiscal se logrará principalmente por el lado del gasto —especialmente la inversión física— y no por el lado de los ingresos. Esta estrategia es consistente con el discurso de "no nuevos impuestos", pero limita la capacidad del Estado para financiar el desarrollo y reduce el espacio fiscal para responder a choques adversos. El expediente muestra que la recaudación real creció solo 0.4% en el primer semestre de 2026, que el ISR cayó 6.2% real y que los actos de fiscalización del SAT no han aumentado. La meta de recaudar 185,000 millones de pesos por combate a la elusión y el contrabando es ambiciosa, pero no hay evidencia de que se esté fortaleciendo la capacidad operativa del SAT para lograrla.
El pasivo pensionario es el riesgo de largo plazo que el documento reconoce pero no resuelve. El pasivo total asciende a 13,214.2 mil millones de pesos, equivalentes al 37.4% del PIB. El ISSSTE concentra el mayor pasivo, con 7,403.3 mil millones (21.0% del PIB), seguido del IMSS-RJP con 3,297.6 mil millones (9.3%), Pemex con 1,462.3 mil millones (4.1%) y la CFE con 773.9 mil millones (2.2%). La población de 60 años y más pasará de 17.8 millones en 2026 (13.2% del total) a 35.4 millones en 2050 (24.1%), lo que incrementará la demanda de servicios de salud y el pago de pensiones contributivas y no contributivas. Los activos netos de las AFORE alcanzaron 8,963.7 mil millones en junio de 2026 (25.3% del PIB), pero no cubren el pasivo total. El gobierno reconoce que "en el mediano plazo persisten presiones por el pago de pensiones vigentes del antiguo sistema de reparto" y que se "analizarán y evaluarán medidas para fortalecer la sostenibilidad del sistema pensionario", pero no detalla cuáles serán esas medidas ni cómo se financiarán. El envejecimiento poblacional es una bomba de tiempo fiscal que el Paquete 2027 no desactiva.
El balance del escenario de mediano plazo del Paquete 2027 es el de un documento que proyecta una consolidación fiscal gradual, una deuda que se estabiliza en niveles altos y una inversión pública que se reduce. Los RFSP descenderán de 3.7% a 3.1% del PIB entre 2028 y 2032, el balance primario pasará de 0.5% a 1.0% del PIB, y la deuda como proporción del PIB se mantendrá en torno al 56%. El gobierno sostiene que esta trayectoria es "sostenible" y que "permitirá preservar la estabilidad macroeconómica y mantener condiciones favorables de acceso al financiamiento". La evidencia muestra que la consolidación se logrará principalmente recortando la inversión física —de 2.6% a 1.7% del PIB—, lo que limita el crecimiento potencial y hace más difícil reducir la deuda en el futuro. El pasivo pensionario (37.4% del PIB) y el envejecimiento poblacional (24.1% de la población tendrá 60 años o más en 2050) son riesgos de largo plazo que el documento reconoce pero no resuelve. México no ha cumplido sus metas de crecimiento desde 2018. No hay razón para creer que las cumplirá ahora. La economía mexicana crece, pero lo hace a un ritmo que no genera los empleos ni los ingresos fiscales que el país necesita. El Paquete 2027 apuesta a que el sector privado compensará la reducción de la inversión pública y a que los riesgos no se materializarán. La historia reciente muestra que las apuestas fiscales suelen perderse. La pregunta no es si habrá un choque, sino cuándo y qué tan preparado estará el gobierno para enfrentarlo.
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