Bajo la superficie de una tregua comercial temporal con Estados Unidos, China acelera el diseño institucional de un modelo preparado para una confrontación más estructural, más prolongada y más peligrosa. Así lo confirma la nueva agenda legislativa 2025 del Consejo de Estado de China, publicada el 14 de mayo, cuyo enfoque revela mucho más que una simple búsqueda de modernización administrativa.
Mexconomy, BEIJING – La lista de prioridades legales incluye reformas clave en sectores como la planificación del desarrollo nacional, la arquitectura financiera y el comercio exterior. Pero también incluye elementos que apuntan directamente a un escenario de resistencia económica y política frente a presiones externas: una revisión integral a la Ley de Comercio Exterior, nuevas regulaciones para implementar la Ley de China contra Sanciones Extranjeras, y normas para el intercambio de datos gubernamentales.
“Estas reformas no solo reflejan ambiciones internas de gobernanza, sino la necesidad de blindar a China frente a un entorno internacional hostil”, señalan fuentes legislativas citadas por medios estatales chinos. En esa dirección, el rediseño legal busca garantizar que el Partido Comunista y sus instituciones cuenten con instrumentos jurídicos sólidos para enfrentar bloqueos comerciales, restricciones tecnológicas y sanciones.
De hecho, la reforma a la Ley de Comercio Exterior —que se considera prioritaria— pretende consolidar mecanismos de reacción automática ante medidas unilaterales extranjeras, mientras que la implementación de normas específicas contra sanciones busca garantizar la capacidad de represalia estructurada.
El portavoz Lin Jian fue claro en ese sentido al señalar que “las contramedidas chinas se mantienen efectivas”, en respuesta a los aranceles estadounidenses supuestamente ligados al tema del fentanilo. Esa declaración no es aislada: se inscribe en una política de defensa normativa activa, en la que el derecho deja de ser un marco pasivo y se convierte en un componente más del aparato de disuasión estratégica de China.
Mar de China, Indo-Pacífico, Taiwán: el escenario regional también se legisla
Este fortalecimiento normativo no se limita a lo comercial. Según analistas próximos al parlamento chino, la agenda también responde a la necesidad de reforzar el marco legal ante un posible escenario de escalamiento regional. Los tres focos son evidentes:
- El mar de China Meridional, donde China sostiene reclamos territoriales en disputa con múltiples países del sudeste asiático.
- La región Indo-Pacífico, donde Estados Unidos ha incrementado su presencia militar, al tiempo que consolida alianzas como el Quad (Japón, India, Australia, EE.UU.).
- Taiwán, considerado por Beijing una “cuestión de soberanía absoluta” y cuya militarización por parte de Washington es vista como una provocación directa.
En este contexto, el aparato legal chino se alinea cada vez más con su aparato de defensa, construyendo una forma de gobernanza jurídica para la disuasión geoestratégica. Las leyes no solo regulan; se preparan para actuar como instrumentos de acción externa.
Esta lectura encuentra eco en los análisis de expertos internacionales. Jonathan Czin, presidente de la Cátedra Michael H. Armacost en la Brookings Institution y exanalista de la CIA especializado en China, lo sintetiza con claridad:
“Creo que esto valida la opinión de Beijing de que era correcto adoptar una visión negativa de las intenciones de Estados Unidos y prepararse para la eventualidad de una segunda guerra comercial con las políticas que ha seguido en los años transcurridos desde la primera guerra comercial”.
Para Czin, la agenda legislativa y los mecanismos de contramedidas no son respuestas aisladas, sino la arquitectura de un desacoplamiento controlado y de una confrontación prolongada. China ya no apuesta por una convergencia con Washington, sino por una capacidad de supervivencia estratégica autónoma.
En su comunicado, el Consejo de Estado sostuvo que el objetivo general del paquete legislativo es impulsar un “desarrollo de alta calidad” y una “economía socialista de mercado de altos estándares”. Sin embargo, el lenguaje técnico encubre un mensaje de fondo: frente a la contención estadounidense, China reacciona con institucionalismo reforzado, legalismo soberano y autarquía tecnológica.
En esa lógica, el Estado chino no busca el aislamiento, pero sí una forma de resiliencia jurídica y económica que le permita resistir sin depender del acceso indiscriminado a mercados o tecnología del bloque occidental. El objetivo no es cerrar puertas, sino asegurarse de que, si esas puertas se cierran, China pueda seguir caminando.
Este momento marca un giro silencioso pero profundo: China ya no legisla para integrarse, sino para resistir. Ya no reforma su economía para agradar a los mercados internacionales, sino para blindarse frente a una competencia que percibe como inevitable. Y no negocia treguas esperando reconciliaciones, sino calculando tiempos para seguir consolidando su autonomía.
La agenda legislativa de 2025 no es solo un paquete técnico. Es, en el fondo, el esbozo de una constitución funcional para una potencia en estado de rivalidad permanente.
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