El Paquete Económico 2026 plantea metas de responsabilidad fiscal y mayor gasto social, pero el desafío será cumplirlas en un contexto de desaceleración global, riesgos inflacionarios y presión sobre las finanzas públicas.
CDMX — El Paquete Económico 2026, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, llega con la narrativa de garantizar estabilidad macroeconómica, prosperidad compartida y continuidad de los programas sociales. La propuesta incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, además de reformas fiscales menores. El objetivo declarado: ampliar el bienestar sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El diseño presupuestario parte de un compromiso claro: destinar 3% del PIB a programas sociales prioritarios que alcanzarían al 82% de las familias del país. Según Hacienda, esta expansión será posible gracias al fortalecimiento de los ingresos tributarios, impulsados por la digitalización, la modernización aduanera y el combate a la evasión. Sin embargo, sin una reforma fiscal de fondo, la dependencia de medidas administrativas puede ser insuficiente para sostener el ritmo de gasto en un entorno económico adverso.
En materia de estabilidad fiscal, el gobierno plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público a 4.1% del PIB en 2026, un recorte de 1.6 puntos respecto al déficit observado en 2024. La meta luce ambiciosa: el margen de maniobra dependerá del dinamismo de la economía y de la disciplina en el gasto, particularmente en áreas como inversión productiva y transferencias sociales.
Los indicadores macroeconómicos incluidos en los Criterios Generales proyectan un crecimiento incluyente, sostenido por el consumo privado, el incremento real del salario mínimo y la integración de México en cadenas globales de valor, especialmente bajo el marco del T-MEC. Aun así, la revisión del tratado en 2026 introduce un elemento de incertidumbre que puede modificar las expectativas de inversión extranjera directa.
El Legislativo se enfrenta a una tarea crucial: más allá de aprobar los montos de ingresos y egresos, deberá evaluar si los supuestos de estabilidad y crecimiento son realistas. El riesgo es que el Paquete se convierta en un ejercicio complaciente, donde las metas se aprueben sin debate profundo sobre su viabilidad. Para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, la revisión deberá hacerse con responsabilidad, mientras que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, advirtió que el Paquete es uno de los instrumentos más poderosos de la política pública y que requiere pluralidad y rigor en su análisis.
En síntesis, el Paquete Económico 2026 se presenta como una apuesta por la prosperidad compartida y la estabilidad macroeconómica, pero sus resultados dependerán menos del discurso y más de la capacidad institucional para ejecutar con eficiencia, contener riesgos fiscales y responder a un entorno global cambiante.
Entrevista al economista en jefe de Mexconomy: HC
Para HC, economista en jefe de Mexconomy, el mayor reto del Paquete Económico 2026 no está en las buenas intenciones, sino en la capacidad real del Estado para equilibrar el gasto social con la disciplina fiscal. “Reducir el déficit a 4.1% del PIB en un año en el que también se planea expandir los programas de bienestar es un objetivo ambicioso. No basta con confiar en medidas administrativas de recaudación, se requiere una disciplina presupuestaria estricta y decisiones difíciles sobre prioridades de gasto”.
El especialista advierte que los supuestos de ingresos se apoyan demasiado en la eficiencia recaudatoria. “La digitalización, la simplificación de trámites y la modernización aduanera son avances importantes, pero sin una reforma fiscal integral la base de ingresos seguirá siendo estrecha frente a compromisos sociales crecientes y proyectos de infraestructura estratégicos. El riesgo es que la recaudación no alcance para financiar de forma sostenible las metas planteadas”.
Otro punto crucial es la revisión del T-MEC en 2026. HC subraya que este proceso será determinante para el futuro inmediato de la economía mexicana. “Si la renegociación no se maneja con firmeza, sectores como la manufactura y la agroindustria podrían enfrentar nuevas barreras o condiciones menos favorables. Eso afectaría directamente al crecimiento y a la inversión extranjera directa, que es uno de los pilares de la estrategia de desarrollo productivo”.
En el terreno interno, el mercado laboral juega un papel clave en las proyecciones oficiales. El economista reconoce los avances en salarios y formalización: “El incremento del salario mínimo por encima de la inflación y la reducción de brechas de género son motores de consumo interno. Sin embargo, si la productividad no avanza al mismo ritmo, podríamos enfrentar presiones inflacionarias que reduzcan el efecto positivo de esas políticas”.
Sobre la llamada “prosperidad compartida” como meta del sexenio, HC es claro: “México puede avanzar en la reducción de desigualdades, sobre todo con programas focalizados que atienden pobreza extrema y acceso a servicios básicos. Pero alcanzar una prosperidad verdaderamente compartida dependerá de combinar el gasto social con inversión productiva de largo plazo, en innovación, ciencia, infraestructura y energía. Sin esa visión, corremos el riesgo de depender exclusivamente de transferencias y no de una economía más dinámica e incluyente”.
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