Alerta económica: El Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado mediante decreto presidencial en mayo de 2024 y operado por el Banco de México como fiduciario, evoluciona a una crisis de liquidez que amenaza su viabilidad como mecanismo de complemento pensionario.
Mexconomy Pro. — Los estados financieros al segundo trimestre de 2025 revelan un deterioro acelerado en la posición de efectivo, una dependencia absoluta de las transferencias gubernamentales y vulnerabilidades que ponen en entredicho la sostenibilidad del ambicioso programa destinado a garantizar que trabajadores jubilados reciban el equivalente a su último salario.
En apenas seis meses, las disponibilidades del Fondo se desplomaron 60 por ciento, pasando de $8,820 millones en diciembre de 2024 a apenas $3,485 millones al cierre de junio. Esta hemorragia de efectivo, documentada en el estado de flujos, obedece a una ecuación insostenible: mientras los pagos por devoluciones y complementos pensionarios alcanzaron $1,406 millones, los intereses cobrados apenas sumaron $1,237 millones, generando un flujo operativo negativo de $195 millones. La brecha solo pudo cubrirse mediante aportaciones frescas del gobierno federal por $3,113 millones, evidenciando que el modelo carece de autosuficiencia financiera.
El patrimonio total del fideicomiso ascendía a $53,105 millones al 30 de junio, cifra que a primera vista sugiere solidez. Sin embargo, un análisis detallado revela fisuras preocupantes. De ese monto, $17,416 millones están comprometidos como reservas mínimas distribuidas entre el IMSS ($11,746 millones), el INFONAVIT ($4,284 millones) y el ISSSTE ($1,386 millones). Esto deja un patrimonio efectivamente disponible de apenas $35,689 millones para atender una obligación monumental: complementar las pensiones de millones de trabajadores que alcancen los 65 años con pensiones iguales o menores a $16,777.68 mensuales, monto equivalente al salario promedio registrado en 2023 actualizado por inflación.
La arquitectura de inversión del Fondo exhibe una concentración de riesgo alarmante. De los $49,625 millones invertidos en instrumentos financieros negociables, el 97.3 por ciento ($48,264 millones) está colocado en instrumentos gubernamentales, mientras que apenas el 2.7 por ciento ($1,361 millones) se distribuye en papeles corporativos. Esta apuesta casi total por el riesgo soberano expone al fideicomiso a cualquier deterioro en la calidad crediticia del gobierno o movimientos bruscos en las tasas de interés. Más grave aún, la totalidad del portafolio se valúa a valor razonable, lo que significa que las fluctuaciones del mercado impactan directamente el patrimonio sin mecanismos visibles de cobertura.
Los rendimientos obtenidos en el primer semestre —$3,543 millones por inversiones financieras y $267 millones por depósitos bancarios— representaron el 93 por ciento de los ingresos totales del periodo. Si bien estas cifras muestran una rentabilidad aparentemente sólida del 7.2 por ciento semestral sobre el patrimonio promedio, no existe evidencia en los estados financieros de estudios actuariales que proyecten las obligaciones futuras. La ausencia de provisiones específicas para pasivos pensionarios, combinada con el inevitable envejecimiento poblacional y el crecimiento de la base de beneficiarios, plantea interrogantes sobre si la reserva actual de $17,416 millones será suficiente para honrar los compromisos de mediano y largo plazo.
La Paradoja de la Suficiencia
El Decreto constitutivo del Fondo establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la metodología para determinar las reservas que garanticen "suficiencia financiera", concepto ambiguo que los estados financieros no desarrollan con la profundidad necesaria. Los institutos de seguridad social deben revisar dicha suficiencia cada dos años, pero al tratarse de un fideicomiso creado apenas en junio de 2024, aún no se ha completado el primer ciclo de evaluación. Esta laguna metodológica es crítica: sin parámetros claros sobre tasas de reemplazo proyectadas, esperanza de vida de los beneficiarios, crecimiento salarial y escenarios de cobertura, resulta imposible determinar si el patrimonio acumulado guarda proporción con el pasivo implícito.
La estructura operativa tampoco está exenta de riesgos. Con gastos de apenas $21 millones semestrales —incluyendo honorarios fiduciarios y costos de operación— para administrar un patrimonio superior a $53,000 millones, surge la duda sobre si los recursos destinados a supervisión, controles internos y sistemas de información son adecuados. La coordinación entre tres institutos diferentes (IMSS, ISSSTE e INFONAVIT), cada uno con sus propias reglas operativas y poblaciones objetivo, complica un modelo que debe procesar solicitudes individuales de complementos pensionarios y ejecutar devoluciones con precisión actuarial.
El flujo de efectivo consolidado del periodo narra una historia de dependencia financiera absoluta. Las actividades de inversión consumieron $8,195 millones netos, resultado de compras de instrumentos por $16,994 millones que superaron ampliamente los vencimientos y ventas combinados de $8,799 millones. Sin las aportaciones gubernamentales de $3,113 millones en efectivo —más los $5,001 millones en aportaciones netas de patrimonio reflejadas en el estado de actividades—, el Fondo habría registrado una descapitalización neta. Este patrón revela que el esquema no genera flujos propios suficientes para operar y crecer simultáneamente, convirtiéndose en un vehículo de canalización de recursos públicos más que en un fondo de inversión con dinámica propia.
El Reloj Demográfico y la Inflación
El tope de pensión complementable ($16,777.68) se actualiza anualmente conforme al índice de precios, lo que significa que las obligaciones del Fondo crecen en términos nominales año con año, independientemente del rendimiento de las inversiones. Si la inflación se mantiene en niveles actuales, la brecha entre activos y pasivos implícitos se ampliará. Los rendimientos obtenidos, aunque positivos en términos absolutos, deben evaluarse contra la inflación acumulada más el crecimiento vegetativo de la población beneficiaria, parámetros ausentes en las notas a los estados financieros.
Los recursos del Fondo son declarados "imprescriptibles e inembargables" por el Decreto, blindaje legal que protege los activos pero que también limita las opciones de reestructuración en caso de crisis. El modelo contempla que cualquier persona física o moral puede realizar donaciones al fideicomiso sin adquirir derechos sobre el patrimonio, mecanismo teóricamente atractivo pero que en la práctica ha resultado marginal: no hay registro de aportaciones privadas significativas en el periodo analizado, reforzando la conclusión de que el Fondo depende exclusivamente del erario público.
La comparación entre el periodo inicial de operaciones (13 al 30 de junio de 2024) y el segundo trimestre de 2025 ilustra la aceleración de los problemas. Mientras en el arranque el Fondo recibió $10,519 millones en aportaciones y generó rendimientos modestos de $311 millones, un año después los rendimientos se multiplicaron a $1,450 millones trimestrales, pero las presiones de liquidez se intensificaron. El patrimonio inicial de $31,753 millones en junio de 2024 creció a $53,105 millones, expansión del 67 por ciento que refleja más la inyección de recursos fiscales que la generación orgánica de valor.
Los riesgos identificados en este análisis no son teóricos sino manifiestos en los números. La trayectoria descendente del efectivo, la concentración extrema en deuda gubernamental, la ausencia de estudios actuariales públicos, la falta de diversificación y la dependencia estructural del presupuesto federal configuran un escenario de fragilidad para un programa que aspira a convertirse en pilar del bienestar de millones de jubilados. Sin ajustes estratégicos —políticas de liquidez mínima, diversificación de portafolio, transparencia actuarial y mecanismos de sostenibilidad financiera—, el Fondo de Pensiones para el Bienestar corre el riesgo de transformarse en un pasivo fiscal contingente de magnitud impredecible, comprometiendo no solo su misión social sino la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
La pregunta que debería resonar en los pasillos de Hacienda y en las salas del Banco de México no es si el Fondo tiene recursos hoy, sino si los tendrá cuando la primera generación completa de beneficiarios del sistema de cuentas individuales —aquella que comenzó a cotizar en julio de 1997— alcance masivamente los 65 años en la próxima década. Los estados financieros al segundo trimestre de 2025 sugieren que, sin correcciones profundas, se asoma una crisis.
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