Mexconomy — Este desplazamiento no representa una innovación estratégica sino la adaptación inevitable de un gobierno que carece de resultados económicos, sociales o de infraestructura que justifiquen su gestión.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2024 y 2025 revelan el patrón que se intensificará durante el próximo año. El Indicador Agregado de Tendencia del sector de información en medios masivos exhibe oscilaciones mensuales que van de 38.95 puntos en enero de 2025 hasta 64.48 en marzo del mismo año, sin seguir ninguna lógica comercial tradicional. Esta volatilidad extrema —con variaciones superiores a 50 por ciento entre meses consecutivos— no refleja demanda del mercado sino gasto gubernamental discrecional concentrado en momentos de presión política.
El precedente es claro: en diciembre de 2023, el gobierno federal ejerció 1,890.46 millones de pesos en publicidad oficial, concentrando 95 por ciento del gasto anual en un solo mes, según análisis de ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Este modelo de "shock propagandístico" —periodos de silencio seguidos por saturación mediática— se normalizará en 2026 como respuesta automática a cada crisis de legitimidad recurrentes.
La arquitectura: propaganda reactiva
El entorno de presiones múltiples que enfrentará el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2026 hará inevitable el recurso sistemático a la propaganda digital. Con un crecimiento económico proyectado entre 1.0 y 1.5 por ciento, sin obras de infraestructura emblemática terminadas, con el nearshoring mostrando resultados selectivos y desiguales, y con riesgo latente de estanflación tras el Mundial de 2026, no habrá logros materiales que comunicar. La estrategia será defensiva: desviar la atención, culpar a factores externos y deslegitimar críticas.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) convertido en instrumento de presión permanente por parte de la administración estadounidense —sea demócrata o republicana— generará crisis recurrentes en materia comercial, migratoria y de seguridad. Cada amenaza arancelaria, cada exigencia sobre flujos migratorios, cada cuestionamiento a la política energética desatará campañas digitales sobre soberanía nacional y dignidad. La propaganda será más barata que negociar con eficacia.
La centralización fiscal y el debilitamiento del federalismo profundizarán esta dinámica a nivel estatal. Entidades como Puebla, que incrementó su presupuesto de comunicación social de 239 millones de pesos en 2024 a aproximadamente 251 millones en 2025 (un aumento de 5 por ciento), replicarán el modelo federal. Estados más endeudados y dependientes de transferencias federales no podrán sostener medios locales independientes; la propaganda gubernamental inundará los vacíos informativos regionales.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó en septiembre de 2021 reformar la Ley General de Comunicación Social permanecerá incumplida. El plazo venció en septiembre de 2024; la reforma no llegó y no llegará en 2026.
Las fracturas internas del bloque gobernante —entre la herencia y presencia de Andrés Manuel López Obrador y las necesidades políticas de Claudia Sheinbaum, tensionadas además por la adelantada sucesión de 2030— generarán minicrisis de legitimidad que demandarán respuestas propagandísticas inmediatas. Los picos erráticos del índice del INEGI en 2025 ya anticipan este patrón: cada tensión interna se gestiona con saturación mediática externa.
Transición tecnológica y precarización laboral
La paradoja del sector (medios masivos de comunicación) continuará profundizándose. En 2024, el personal ocupado en información en medios masivos cayó 4.7 por ciento (de 173,718 a 165,539 personas), mientras los ingresos crecieron 4.0 por ciento, alcanzando 717,205 millones de pesos. Para 2026, se proyecta una caída adicional de empleo formal de entre 5 y 7 por ciento, con ingresos empresariales sostenidos o crecientes.
Esta dinámica no refleja innovación tecnológica espontánea sino una reconfiguración deliberada del mercado mediático. El gobierno federal y los gobiernos estatales han migrado su inversión desde medios tradicionales —periódicos, radio, televisión— hacia plataformas digitales, agencias de redes sociales y esquemas de influencers profesionales. Estos actores operan con costos laborales mínimos, sin prestaciones, sin derechos laborales consolidados y con capacidad de segmentación de audiencias exponencialmente superior a los medios convencionales.
El periodista de investigación, el reportero de calle, el editor experimentado resultan prescindibles en un modelo donde el contenido no se genera sino que se contrata por proyecto. Las empresas de medios tradicionales que sobreviven lo hacen no por la calidad de su periodismo sino por su capacidad para captar contratos gubernamentales de publicidad digital o para operar como plataformas de difusión de contenidos pagados.
Los coeficientes de variación del Indicador Agregado de Tendencia del INEGI —que oscilan entre 6 y 17 por ciento— evidencian la heterogeneidad extrema del sector. En noviembre de 2025, el indicador alcanzó 51.42 puntos, con un error estándar de 6.01 y un rango de confianza que va de 39.6 a 63.2 puntos. Esta dispersión estadística no es incertidumbre metodológica sino la realidad de un mercado donde consorcios mediáticos tradicionales, agencias digitales de reciente creación y redes de trolls profesionales compiten por recursos gubernamentales bajo reglas opacas.
Movilización social y propaganda contrainsurgente
El escenario más relevante para 2026 es la confluencia entre movilización social creciente y propaganda digital reactiva. Con un entorno de estancamiento económico, presión fiscal al alza, servicios públicos deteriorados y expectativas sociales insatisfechas, la protesta ciudadana se intensificará como antesala natural de un 2027 electoralmente tenso. La respuesta gubernamental no será política pública efectiva sino saturación propagandística.
Cada protesta campesina o de transportistas, cada movilización feminista, cada reclamo de víctimas de violencia, cada demanda de comunidades o grupos (Generación Z), desatará campañas digitales diseñadas para deslegitimar, confundir y cansar. No habrá represión física visible —costosa en términos políticos y de imagen internacional— sino represión algorítmica: bots, cuentas falsas, narrativas conspirativas, descalificación sistemática de liderazgos y siembra de divisiones internas.
Este modelo ya ha sido probado. Durante 2024 y 2025, eventos políticos específicos —informes de gobierno estatales, crisis de seguridad, cuestionamientos a megaproyectos— coincidieron con picos abruptos del índice de medios masivos y con saturación de propaganda en redes sociales. Ejemplo: En diciembre de 2025, durante la presentación del primer informe de gobierno en Puebla, las plataformas digitales y portales de noticias se inundaron con contenidos "Ads" pagados. El patrón se replicará sistemáticamente en 2026.
La política monetaria restrictiva del Banco de México, que mantendrá tasas de interés elevadas para controlar la inflación, encarecerá el crédito y acelerará la quiebra de medios tradicionales que no pueden acceder a financiamiento barato. Quedarán únicamente aquellos que dependan de contratos gubernamentales, consolidando un ecosistema mediático cautivo. La diversidad informativa será víctima colateral de la política antiinflacionaria.
Frente a crisis de imagen recurrentes que exigirán explicaciones. En lugar de políticas efectivas, el gobierno responderá con campañas digitales culpando a "la derecha", herencias neoliberales o complots externos.
La predicción específica
Durante 2026, el Indicador Agregado de Tendencia del sector de información en medios masivos alcanzará nuevos máximos de volatilidad, con variaciones mensuales superiores a ±50 por ciento entre picos y valles. El empleo formal en el sector caerá entre 5 y 7 por ciento adicional, situándose por debajo de 155,000 personas a nivel nacional. Los ingresos empresariales, sin embargo, se mantendrán o crecerán ligeramente, reflejando la concentración de recursos en pocas empresas especializadas en servicios digitales.
Organizaciones de la sociedad civil como ARTICLE 19 y Fundar documentarán un nuevo récord en gasto opaco de publicidad oficial, con estimaciones que superarán los 2,000 millones de pesos concentrados en el último trimestre del año, particularmente en noviembre y diciembre, cuando la movilización social previa a 2027 alcance su punto más alto. Los gobiernos estatales replicarán este patrón, con incrementos presupuestales de entre 5 y 10 por ciento en comunicación social, contrastando con recortes en educación, salud e infraestructura básica.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social permanecerá pendiente. El Congreso de la Unión, controlado por el partido gobernante, no legislará contra sus propios intereses. La sentencia de la SCJN será un documento histórico sin efectos prácticos. La opacidad será norma, no excepción.
El modelo de propaganda reactiva que se consolidará en 2026 no es una desviación temporal sino la nueva normalidad de un gobierno que carece de resultados materiales que comunicar y que enfrenta presiones de gobernanza múltiples. No es una estrategia de comunicación sino un mecanismo de supervivencia política. Y como todo mecanismo de supervivencia basado en la simulación, tiene fecha de caducidad. La pregunta no es si colapsará, sino cuánto daño causará antes de hacerlo y qué quedará del ecosistema mediático independiente cuando eso ocurra.
2026 será un año de ruido, confundido por narrativas contradictorias, resignado a que la verdad es inalcanzable. El gobierno en 2026 no censura: satura. No reprime: confunde. No prohíbe: deslegitima. Y en ese proceso, la línea entre Estado y aparato propagandístico se disolverá por completo.
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