El año 2026 no será un punto de quiebre súbito, sino aquel en el que múltiples procesos iniciados desde 2018 confluyen y muestran sus efectos acumulados. México entrará en una fase de estancamiento caracterizada por debilitamiento institucional, bajo crecimiento económico, presión fiscal persistente, una relación cada vez más asimétrica con Estados Unidos y la consolidación de una violencia criminal persistente como constante del entorno político y social.
En este contexto, a continuación se presentan las diez predicciones temáticas que delinean ese escenario.
1. El Poder Judicial en transición permanente
Para 2026, la reforma al Poder Judicial habrá superado su fase inicial y entrado en un periodo de funcionamiento dislocado. La elección popular de jueces, magistrados y ministros iniciada en 2025 no producirá un nuevo equilibrio institucional, sino un sistema híbrido e inestable en el que coexistirán dos lógicas incompatibles: por un lado, juzgadores formados bajo el esquema meritocrático previo —carrera judicial, evaluaciones técnicas y escalafón— y, por otro, operadores electos mediante campañas políticas financiadas, directa o indirectamente, por la estructura partidista del oficialismo y actores con intereses específicos.
Esta coexistencia generará una incertidumbre jurídica estructural. Los criterios de interpretación legal variarán no solo entre tribunales, sino incluso dentro de un mismo circuito, incentivando el forum shopping, el aumento de litigios estratégicos y la judicialización de disputas políticas y económicas. El Consejo de la Judicatura Federal, debilitado y subordinado, perderá su función histórica de disciplina y control interno, eliminando uno de los principales diques contra la captura política del sistema judicial.
En términos económicos, el impacto será directo. Sectores que dependen de certidumbre a largo plazo —energía, minería, infraestructura, telecomunicaciones y manufactura avanzada— enfrentarán mayores primas de riesgo. Las controversias mercantiles y administrativas se prolongarán, y las empresas extranjeras recurrirán con mayor frecuencia a arbitrajes internacionales bajo tratados de inversión, al considerar que los tribunales nacionales ya no garantizan imparcialidad ni previsibilidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, reducida de once a nueve ministros, operará bajo una presión política inédita. La eliminación de contrapesos internos y la salida de perfiles técnicos consolidarán una Corte más alineada con las prioridades del Ejecutivo y del bloque legislativo dominante. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales perderán eficacia como mecanismos de control, debilitando el sistema de pesos y contrapesos que sostiene al federalismo mexicano.
Este deterioro será medible. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project reflejará caídas adicionales en rubros clave como ausencia de corrupción, justicia civil y gobierno abierto. México, que ya se ubica en posiciones rezagadas dentro de la OCDE, descenderá aún más en los rankings internacionales, consolidando la percepción de que el país ha entrado en una fase de debilitamiento institucional normalizado, donde la ley deja de ser un límite efectivo al poder político.
2. Fracturas internas del bloque gobernante
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo enfrentará en 2026 su primera prueba política de fondo: la gestión de las ambiciones internas de un bloque gobernante que, pese a su hegemonía electoral y legislativa, carece de mecanismos institucionales eficaces para procesar el disenso. La tensión entre la necesidad de construir un proyecto presidencial propio y la obligación política de administrar la herencia de Andrés Manuel López Obrador se expresará en disputas abiertas por presupuesto, control de programas sociales y definición de prioridades estratégicas.
El peso simbólico y operativo de Andrés Manuel López Obrador en Morena seguirá siendo determinante. Aunque retirado formalmente de la vida pública, conservará influencia sobre el gobierno, el Congreso y Morena, limitando el margen de maniobra de la presidenta. Cada intento de corrección, ajuste o redefinición de políticas emblemáticas del sexenio anterior será interpretado internamente como una traición o, en el extremo opuesto, como una señal de continuismo acrítico.
La sucesión presidencial de 2030 comenzará a perfilarse de manera anticipada. Figuras como Andrés Manuel López Beltrán, Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y Ricardo Monreal iniciarán procesos de posicionamiento político, tanto dentro como fuera del aparato gubernamental.
Al mismo tiempo, varios gobernadores de extracción morenista incrementarán su activismo político, impulsados por aspiraciones presidenciales o por la necesidad de preservar relevancia dentro del bloque dominante. El uso de recursos públicos con fines político‑electorales —particularmente programas sociales, obra pública y comunicación institucional— se convertirá en un tema recurrente, incluso en un escenario de oposición fragmentada y debilitada, incapaz de articular una narrativa alternativa coherente.
Este clima de competencia interna se verá exacerbado por la reforma electoral, que desde el inicio del año calentará los ánimos políticos. Los cambios propuestos a reglas de financiamiento, fiscalización y autoridad electoral serán leídos no como ajustes técnicos, sino como movimientos estratégicos para reconfigurar el terreno de competencia de cara a 2027 y 2030.
3. El T‑MEC como instrumento de presión geopolítica
La revisión obligatoria del T‑MEC en 2026 colocará a México en una posición estructuralmente defensiva frente a Estados Unidos. A diferencia de la negociación original, el tratado dejará de operar como un marco técnico de integración económica para convertirse en un instrumento explícito de presión política, migratoria y de seguridad. Washington utilizará la amenaza de aranceles generalizados del 10% o superiores como palanca de negociación, con efectos inmediatos sobre expectativas de inversión, volatilidad cambiaria y decisiones de relocalización industrial.
Las controversias sobre reglas de origen automotriz, acero y aluminio se intensificarán bajo el argumento de que empresas chinas utilizan territorio mexicano como plataforma de exportación indirecta. Este señalamiento, más geopolítico que comercial, permitirá a Estados Unidos justificar medidas unilaterales bajo esquemas de seguridad nacional, erosionando el espíritu original del tratado.
La presión no se limitará al ámbito comercial. La agenda migratoria seguirá siendo un eje central de coerción. México enfrentará exigencias para mantener y ampliar programas como Quédate en México, aceptar de facto el rol de tercer país seguro y contener flujos migratorios con recursos propios, a costa de tensiones humanitarias y de seguridad en la frontera norte.
El cambio cualitativo más delicado será la incorporación explícita del tema de seguridad y combate al narcotráfico dentro de la relación comercial. Tras la designación en 2025 de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, sectores políticos estadounidenses impulsarán acciones directas de carácter militar o paramilitar bajo el argumento de seguridad nacional. Aunque estas acciones se presenten como cooperación o intervención quirúrgica, implican una erosión directa de la soberanía mexicana.
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo enfrentará un dilema estratégico: ceder para preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense —destino de casi el 80% de las exportaciones mexicanas— o resistir asumiendo costos económicos inmediatos. A diferencia del sexenio anterior, el margen político y fiscal para una confrontación diplomática con Estados Unidos será significativamente menor.
4. Centralización fiscal y debilitamiento del federalismo
Para 2026, la centralización fiscal dejará de ser una tendencia gradual para convertirse en un rasgo estructural del modelo de gobernanza. En un contexto de corrupción persistente y debilitamiento de los sistemas de fiscalización, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 confirmará la concentración de recursos y decisiones en el gobierno federal. En términos reales, las participaciones federales a estados y municipios no crecerán y, en varios casos, perderán poder adquisitivo frente a la inflación, erosionando la capacidad de gasto de libre disposición.
De manera paralela, los programas federales continuarán ejecutándose de forma cada vez más directa desde la Ciudad de México, mediante delegaciones y padrones administrados por el gobierno federal. Este esquema reduce la intervención de los gobiernos estatales en la planeación y ejecución del gasto, transformándolos en simples intermediarios administrativos o, en el mejor de los casos, en espectadores de políticas públicas definidas sin diagnóstico local.
Las consecuencias operativas serán profundas. Estados y municipios con alta dependencia fiscal —particularmente en el sur y sureste del país— verán deteriorarse servicios básicos como salud, educación, seguridad pública, agua potable y mantenimiento urbano. La falta de recursos de libre disposición limitará la capacidad de respuesta ante emergencias, desastres naturales o crisis locales.
Este proceso acentuará las desigualdades regionales. Entidades con mayor capacidad de recaudación propia, como Ciudad de México, Nuevo León o Jalisco, podrán amortiguar parcialmente el ajuste. En contraste, estados con economías más débiles enfrentarán un círculo vicioso de bajo gasto público, deterioro institucional y pérdida de competitividad.
Ante la insuficiencia de transferencias federales, será previsible un aumento en la contratación de deuda subnacional. Aunque la Ley de Disciplina Financiera impone límites formales, varios gobiernos recurrirán a esquemas de endeudamiento de corto plazo y refinanciamientos sucesivos para cubrir gasto corriente, trasladando presiones fiscales a futuras administraciones.
La combinación de centralización presupuestal, menor autonomía financiera y endeudamiento creciente debilitará el federalismo como sistema de equilibrios, consolidando el uso del poder fiscal‑presupuestal como herramienta de control político y disciplina institucional.
5. Infraestructura: legitimación política frente a carencias estructurales
A pesar de las restricciones fiscales derivadas del bajo crecimiento económico y del aumento en el costo financiero de la deuda, el gobierno federal mantendrá en 2026 altos niveles de subsidios presupuestales a proyectos de infraestructura emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Refinería de Dos Bocas. Estos proyectos cumplirán principalmente una función de legitimación política, más que de rentabilidad económica o eficiencia logística.
Los costos acumulados de estas obras superarán ampliamente las estimaciones originales, tanto por sobrecostos directos como por gastos recurrentes de operación, mantenimiento y subsidios a la demanda. En ausencia de evaluaciones costo‑beneficio independientes y transparentes, el presupuesto público seguirá absorbiendo pérdidas operativas.
Esta priorización tendrá un costo de oportunidad elevado. Mientras se canalizan recursos a proyectos de baja rentabilidad social, la infraestructura existente enfrentará una creciente subinversión en mantenimiento, afectando competitividad, logística y seguridad vial.
El impacto será especialmente crítico en sectores sensibles. La infraestructura de salud continuará operando con instalaciones obsoletas y rezagos en equipamiento. De forma paralela, los sistemas hídricos se deteriorarán por falta de inversión, particularmente en el norte del país, donde la demanda de agua seguirá creciendo.
En conjunto, la política de infraestructura de 2026 reflejará la tensión entre legitimidad política de corto plazo y necesidades estructurales de largo plazo.
6. Crecimiento económico por debajo del potencial
En 2026, la economía mexicana crecerá entre 1% y 1.5%, un desempeño insuficiente para absorber el crecimiento poblacional o reducir la informalidad. Este ritmo se ubicará por debajo del promedio regional. La OCDE y el FMI coinciden en que la incertidumbre regulatoria, las restricciones energéticas y la baja productividad seguirán limitando el desempeño económico.
El impulso del nearshoring se agotará en las regiones con infraestructura existente, sin expandirse al resto del país. El turismo asociado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará temporalmente el sector servicios, concentrando beneficios en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.
El ciclo industrial continuará endeble. México abrirá un nuevo frente comercial con China tras la instrumentación de aranceles a países sin tratados de libre comercio, lo que, tras el mundial, acentuará un escenario de estanflación incipiente.
7. Presión fiscal y riesgo crediticio
En 2026, el déficit público se mantendrá cercano al 5% del PIB y la deuda pública superará el 55%. El costo financiero consumirá recursos equivalentes al gasto federal en salud, reduciendo el espacio fiscal para inversión.
Sin una reforma fiscal estructural, el riesgo de una degradación crediticia por parte de Moody’s, Fitch o S&P seguirá latente, considerando además el riesgo incremental asociado a Pemex.
Ante la inviabilidad política de una reforma profunda, el gobierno optará por una reforma fiscal silenciosa: mayor fiscalización del SAT, reducción de devoluciones, aranceles a importaciones asiáticas y combate selectivo a la evasión, con efectos marginales de recaudación y mayores distorsiones económicas.
8. Control de la inflación
Para reconducir la inflación hacia la meta del 3%, Banxico mantendrá una política monetaria restrictiva durante el primer semestre de 2026. Ello permitirá recortes graduales de la tasa hacia un rango de 7–7.5% en la segunda mitad del año.
El crédito seguirá siendo caro y limitado, afectando de manera desproporcionada a PyMEs y trabajadores informales, y reforzando la dualidad del sistema productivo.
9. ¿El fin del superpeso?
El tipo de cambio promediará alrededor de $19.50 pesos por dólar. Sin crisis cambiaria, pero con episodios recurrentes de volatilidad asociados a tensiones comerciales, revisiones crediticias y ajustes de portafolio.
10. Movilización social y gestión de inconformidades
Las movilizaciones de finales de 2025 anticipan un ciclo sostenido de protesta social en 2026, impulsado por precariedad económica, presión regulatoria y exclusión política.
La fragmentación de la oposición dificultará la canalización institucional del descontento, que se articulará en torno a grupos de interés con agendas en conflicto con nuevos marcos regulatorios.
Tras una tregua informal entre mayo y julio, motivada por factores estacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, las protestas se intensificarán en el segundo semestre.
Hacia el cierre de 2026, este clima configurará el preludio de un proceso electoral 2027 altamente polarizado y con riesgos elevados de conflictividad social.
En conjunto, 2026 se perfila como un año de acumulación de tensiones más que de rupturas abruptas: un periodo en el que las debilidades institucionales, la fragilidad fiscal, el bajo crecimiento y la violencia persistente dejarán de ser fenómenos coyunturales para consolidarse como rasgos estructurales del país. La estabilidad se sostendrá, pero de forma cada vez más costosa y precaria, mientras las decisiones —o la ausencia de ellas— sentarán las bases de un 2027 electoralmente intenso, socialmente volátil y políticamente riesgoso, en el que el margen para la corrección se reducirá de manera significativa.
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