El presidente Donald Trump pospuso hasta 1 de enero de 2027 el aumento de aranceles a muebles importados en Estados Unidos, medida que buscaba elevar gravámenes de hasta 50% y que se difiere ante negociaciones comerciales y el impacto en el costo de vida.
Washington, Mexconomy — La política arancelaria de Estados Unidos volvió a ajustarse esta semana tras la decisión del presidente Donald Trump de aplazar por un año la entrada en vigor de aranceles más elevados a ciertos muebles importados. La orden se emitió pocas horas antes de que los nuevos gravámenes comenzaran a aplicarse este jueves, en un contexto de presiones inflacionarias sobre los hogares estadounidenses.
El incremento arancelario formaba parte de una serie de medidas sectoriales impulsadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En concreto, estaba previsto elevar al 30% los aranceles sobre determinados muebles tapizados y al 50% los aplicados a gabinetes de cocina y tocadores. Finalmente, la Casa Blanca confirmó que estas tasas se postergan hasta el 1 de enero de 2027.
Según el comunicado oficial, la decisión responde a “negociaciones productivas en curso” relacionadas con la importación de productos de madera. El aplazamiento busca dar margen a las conversaciones con otros países exportadores, en un escenario en el que el encarecimiento de bienes duraderos comienza a reflejarse en el consumo interno.
Desde 2025, la política comercial de Estados Unidos ha incorporado aranceles sobre sectores como el acero, los automóviles y la madera, con investigaciones adicionales que podrían derivar en nuevos gravámenes. En octubre entró en vigor un arancel del 10% sobre la madera blanda importada, así como tasas del 25% para ciertos muebles tapizados y gabinetes de cocina.
Las tarifas más elevadas habrían impactado especialmente a proveedores clave como Vietnam y China, países que concentran una parte significativa de las importaciones de muebles del mercado estadounidense. La administración Trump ha defendido estas medidas como instrumentos para fortalecer la industria nacional y proteger la seguridad económica.
En paralelo, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles aplicados a nivel nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, un fallo que podría redefinir el alcance de la política comercial estadounidense en los próximos años.
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