Trump creyó que un arancel era una política. La economía le demostró que no. Sin certidumbre institucional, las inversiones no llegan, las fábricas no se construyen y ninguna palabra favorita en el diccionario puede sustituir a las reglas estables.
Mexconomy — Hay una frase que Donald Trump pronunció en Georgia el jueves anterior al fallo: "El arancel es mi palabra favorita en todo el diccionario". Es, acaso, la confesión más honesta —y más reveladora— de por qué su política comercial estaba destinada a chocar con los muros de la realidad económica. No porque los aranceles sean intrínsecamente inútiles. Sino porque una palabra favorita no es una política, y un decreto no es un sistema. Y la economía, en su dimensión más profunda, no funciona con palabras favoritas. Funciona con certidumbre.
La teoría del libre comercio, desde David Ricardo hasta los modelos de equilibrio general contemporáneos, no descansa sobre la ingenuidad de suponer que todos los países juegan limpio. Descansa sobre algo más poderoso: la evidencia acumulada de que la especialización según ventajas comparativas genera más riqueza agregada que la autarquía proteccionista, incluso cuando hay fricciones y prácticas desleales. Trump conoce la primera parte del argumento —que otros países "nos roban"— pero ignora sistemáticamente la segunda: que el remedio unilateral y discrecional enferma al paciente que pretende curar.
Los datos del período arancelario lo demuestran con frialdad estadística. El déficit comercial en bienes alcanzó un récord histórico durante el año de mayor agresividad arancelaria. Los fabricantes norteamericanos eliminaron más de 80,000 empleos en doce meses. La Simetría de Lerner, formulada en 1936, predijo exactamente esto: un arancel generalizado aprecia el tipo de cambio y cancela el efecto proteccionista. Trump impuso el arancel; el mercado de divisas respondió; el déficit creció. La teoría tenía razón. La promesa política, no.
La certidumbre como bien público que los decretos no pueden comprar
Pero el problema más profundo que el fallo de la Corte Suprema expone no es aritmético, sino institucional. La inconsistencia temporal —el principio económico por el que Kydland y Prescott ganaron el Nobel en 2004— establece que las políticas solo generan los comportamientos que buscan si los agentes económicos las perciben como creíbles y permanentes. Ninguna empresa construye una planta manufacturera de diez años de vida útil sobre la base de un arancel sostenido por una interpretación ejecutiva de una ley de emergencia de 1977. La certidumbre no se decreta. Se construye con legislación estable, marcos institucionales respetados y reglas del juego que sobreviven a los cambios de administración.
Esto es precisamente lo que la teoría del crecimiento endógeno —Romer, Lucas— identifica como determinante crítico de la competitividad a largo plazo: no los aranceles que protegen industrias existentes, sino las instituciones que reducen el riesgo de inversión, fomentan la innovación y garantizan que las reglas de hoy serán las reglas de mañana. Un país que cambia su régimen arancelario mediante decreto presidencial, que ve ese decreto anulado por un tribunal y que responde con nuevos decretos bajo marcos legales distintos, envía una señal inequívoca a los mercados de capital globales: aquí las reglas son contingentes. Y el capital, como el agua, fluye hacia donde encuentra cauce estable.
El verdadero costo de la política arancelaria de Trump no está en los $1.5 billones de ingresos proyectados que el fallo eliminó, ni siquiera en los $120,000 millones de posibles reembolsos. Está en la inversión que no llegó, en las cadenas de suministro que se relocalizaron provisionalmente porque nadie creyó que los aranceles durarían, en la prima de riesgo silenciosa que los mercados incorporaron a cada decisión de largo plazo en la economía norteamericana. La paradoja última es esta: Trump quería hacer grande a Estados Unidos con su palabra favorita, y terminó demostrando que la grandeza económica se construye exactamente con lo contrario de esa palabra: con la previsibilidad que los decretos unilaterales, por definición, no pueden ofrecer.
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