Los Pre-Criterios 2027 estiman una deuda pública “manejable”, con el SHRFSP en 54.7% del PIB en 2026 y 55% en 2027. Sin embargo, la deuda bruta ya ronda 56% y podría llegar a 60.5%, con déficits mayores a los previstos por Hacienda.
Mexconomy — El Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 presenta una trayectoria de deuda pública que, en apariencia, luce manejable. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —el indicador oficial de referencia— se ubicará en 54.7% del PIB al cierre de 2026 y en 55.0% en 2027, según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El discurso oficial habla de normalización fiscal gradual, de superávit primario creciente y de una deuda sostenible. Es una narrativa construida sobre un indicador que, por definición, excluye parte de las obligaciones financieras reales del Estado mexicano. La deuda bruta —la que sí registra el total de los pasivos— cuenta una historia distinta y más preocupante.
En el primer bimestre de 2026, la deuda bruta ya se ubicaba en 56% del PIB, casi dos puntos por encima del SHRFSP que Hacienda reporta como referencia. Y ese diferencial tiene consecuencias prácticas: Banamex actualizó sus estimaciones para proyectar que la deuda bruta alcanzará 60.5% del PIB en el horizonte de proyección, mientras que su área de análisis económico estima que el déficit amplio medido por el RFSP se ubicará en 4.3% del PIB en 2026 y en 4.6% en 2027, cuando Hacienda proyecta 4.1% y 3.5%, respectivamente. La brecha entre la proyección oficial y la del mercado no es menor: en el extremo de 2027, la diferencia supera un punto completo del PIB, lo que en pesos equivale a más de 400,000 millones de pesos en déficit adicional no reconocido en el escenario base del gobierno.
El semáforo que las calificadoras ya ven en amarillo
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, lo plantea con precisión técnica: cuando se incorpore el PIB del primer trimestre de 2026, la razón de deuda bruta podría superar el nivel ya registrado en el bimestre. Eso colocaría la deuda bruta muy cerca del umbral del 60% del PIB, una referencia que las agencias calificadoras utilizan como señal de alerta para economías emergentes. No se trata, advierte Siller, de un recorte de calificación inminente, sino de algo estructuralmente más grave: la pérdida de credibilidad en la trayectoria de consolidación fiscal. "Las agencias calificadoras podrían ya desesperarse de que México no logre la consolidación fiscal", señaló, subrayando que con supuestos macroeconómicos que el mercado considera excesivamente optimistas, resulta muy difícil visualizar una ruta real de reducción de la deuda.
Esa observación conecta directamente con lo que los tres reportajes anteriores de esta serie documentaron con datos primarios. El crecimiento proyectado de entre 1.9% y 2.9% para 2027 descansa sobre una inversión pública que en 2025 cayó 18.9% y cuyo repunte depende de una ley de infraestructura aún sin aprobación legislativa. La inflación que Hacienda proyecta en 3.7% para el cierre de 2026 ya fue rebasada: el INPC marcó 4.63% en la primera quincena de marzo. Los ingresos petroleros, que el Pre-Criterios estimó con un precio de 77.3 dpb para la Mezcla Mexicana de Exportación, se están cobrando en la realidad a 59.13 dpb, con una producción de apenas 1,646 mbd, frente a la meta de 1,794 mbd. Cada uno de esos supuestos inflados es también un ingreso que no llegará, un gasto que no podrá contenerse y un déficit que será mayor al proyectado.
La trampa del indicador conveniente
El uso del SHRFSP como indicador de referencia en lugar de la deuda bruta no es un error técnico: es una decisión metodológica con consecuencias políticas. El SHRFSP descuenta activos financieros del gobierno —fondos de estabilización, reservas en el FEIP, activos de entidades paraestatales— para presentar una cifra neta más favorable. Pero esos activos no son líquidos de manera automática ni están disponibles para cubrir vencimientos de deuda en condiciones de estrés. Las agencias de calificación crediticia —Moody's, Fitch y S&P— trabajan principalmente con la deuda bruta. Y cuando Banamex proyecta esa medida en 60.5% del PIB, está señalando un nivel que históricamente ha precedido revisiones de perspectiva negativa en economías similares a la mexicana. La diferencia entre un indicador y otro no es semántica: es la diferencia entre el México que aparece en el Pre-Criterios y el México que aparece en los modelos de riesgo de los fondos internacionales.
La consolidación fiscal que Hacienda promete requiere que todo salga bien simultáneamente: que el petróleo suba de precio, que la producción de Pemex no siga cayendo, que la inflación baje sola, que la inversión privada reactive sin certidumbre del T-MEC y que el crecimiento llegue al límite superior del rango proyectado. La probabilidad de que todos esos supuestos se cumplan al mismo tiempo, en el mismo año, no la calcula ninguna oficina de análisis independiente en los niveles que el Pre-Criterios asume. Lo que sí calculan —Banamex, Grupo Financiero Base y otros— es el escenario más probable: déficits mayores, deuda bruta más alta y una calificación soberana que ya no tiene mucho margen antes de que las agencias decidan que la paciencia tiene un límite.
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