La SHCP aclaró que la deuda neta es de 50.4% del PIB, por debajo del 53.9% bruto, y colocó un bono sustentable por 8,000 millones de pesos para escuelas. Las cifras oficiales contrastan optimistas con los escenarios de presión fiscal proyectados por Mexconomy tras el caso Sinaloa.
Mexconomy — Mientras los modelos de riesgo elaborados por Mexconomy advierten que la deuda bruta podría superar el 60% del PIB en los escenarios más adversos para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió una nota informativa en la que defiende la posición financiera del sector público con cifras de activos, reservas y una deuda neta inferior a la bruta. La intervención de la dependencia federal ocurre en un momento de tensión diplomática y financiera, luego de que la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa activara una revisión consular por parte de Washington que pone en juego el futuro del T-MEC.
La SHCP señaló que presentar únicamente el gasto en pensiones contributivas sin reconocer sus fuentes de financiamiento ofrece una visión parcial del sistema. En el primer trimestre de 2026, las contribuciones a la seguridad social sumaron 178 mil millones de pesos y las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social alcanzaron 543.2 mil millones de pesos. Además, los recursos administrados por las Afores ascienden a 8.3 billones de pesos, equivalentes al 24% del PIB, y se proyecta que superen el 30% hacia 2030. “Las pensiones contributivas no pueden analizarse como gasto sin respaldo; derivan de derechos laborales adquiridos y están asociadas con aportaciones a la seguridad social, reservas y mecanismos financieros diseñados para cubrir obligaciones presentes y futuras”, detalló la dependencia en su nota aclaratoria.
Sobre las pensiones no contributivas, la Secretaría de Hacienda subrayó su impacto en la reducción de la pobreza. Entre 2018 y 2024, la pobreza extrema en personas adultas mayores pasó de 8.8% a 3.8%, mientras que la pobreza general en ese grupo disminuyó de 43.2% a 23.6%, lo que equivale a 1.3 millones de personas menos en esa condición. La dependencia recordó que estas transferencias tienen rango constitucional y están dirigidas a una población sin acceso a pensiones contributivas debido a trayectorias laborales informales y trabajo doméstico no remunerado, realizado principalmente por mujeres.
En paralelo a la nota de aclaración, el gobierno federal colocó un bono sustentable por 8 mil millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Los recursos se destinarán al programa Más Escuelas para el Bienestar, para construcción y rehabilitación de planteles en las entidades federativas. El bono MEXBNCB 26X recibió las máximas calificaciones crediticias por parte de Fitch México y S&P Global Ratings, lo que indica una alta capacidad de pago y respalda la colocación en el mercado de deuda nacional.
La publicación de los tres escenarios de Mexconomy incluye proyecciones de deuda bruta de hasta 63% del PIB en el caso de una suspensión parcial del T-MEC, con un costo financiero adicional para Pemex y riesgo de downgrade soberano. Frente a ese diagnóstico, la SHCP precisó que al cierre de marzo de 2026 la deuda neta en sentido amplio se ubicó en 50.4% del PIB, por debajo del 53.9% de la deuda bruta, debido a activos financieros del sector público equivalentes a 3.5 puntos del producto. La diferencia entre ambas métricas importa porque los modelos de riesgo suelen trabajar con la deuda bruta, mientras que la autoridad fiscal enfatiza la capacidad de los activos para mitigar pasivos.
El bono educativo y la defensa de las cifras de deuda neta llegan en un momento en que la capacidad de respuesta del gobierno federal está bajo escrutinio. Los modelos de Mexconomy cuantifican una ventana de tres a cuatro años antes de un punto de no retorno institucional, pero la nota de Hacienda no aborda directamente los escenarios de estrés comercial y financiero. La pregunta que queda abierta es si los activos financieros, las reservas actuariales y las calificaciones crediticias actuales serán suficientes para contener la presión si el T-MEC se erosiona o si las investigaciones del Departamento de Justicia alcanzan contratos de exploración operados por directivos de Pemex señalados en el expediente NARCUS o dervidos del tema del Huachicol Fiscal.
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