En cinco años, el Poder Judicial laboral de Puebla resolvió 170 conflictos ordinarios de 9,531 abiertos: 1.8%. El Estado no arbitra, acumula expedientes. El trabajador no obtiene justicia. La empresa no tiene certeza. La inversión privada necesita exactamente lo contrario.

Mexconomy — Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, los tribunales laborales de Puebla abrieron 9,531 expedientes ordinarios —el procedimiento estándar para resolver conflictos entre trabajadores y patrones. En ese mismo período resolvieron 170. No es un error tipográfico: 170 de 9,531, una tasa de solución de 1.8% en cinco años para el tipo de conflicto más común en el mercado laboral. El resto —más de nueve mil expedientes— permanece en el limbo de un sistema que acumula demandas sin procesarlas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el 8 de junio de 2026 los resultados del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE), y los datos de Puebla describen un déficit institucional que afecta simultáneamente al trabajador que busca justicia y a la empresa que necesita certeza jurídica para invertir.

Puebla es el octavo estado del país por volumen de expedientes laborales abiertos: 14,138 en el período registrado. Tiene cinco órganos jurisdiccionales laborales y cinco personas juzgadoras —un aumento respecto de los tres que operaban en 2023—, pero ese incremento de capacidad no se ha traducido en mayor resolución. La tasa de solución del estado es de 12.8%, la novena más baja del país, colocándolo en el Grupo I de crisis de resolución que el Mexconomy MAP (Modelo de Agregados y Prospectiva) identifica como señal de deterioro severo del componente de confianza institucional. Lo que hace especialmente revelador el caso de Puebla no es solo ese porcentaje global: es lo que ocurre cuando se desagrega por tipo de procedimiento.

TABLA 1: Composición de expedientes Puebla vs. nacional

Tipo de procedimiento Abiertos Solucionados Tasa solución En proceso
Ordinario (conflicto laboral directo) 9,531 170 1.8% 5,182
Paraprocesal (sin conflicto, declarativo) 2,432 1,480 60.9% 760
Especial individual 1,581 31 2.0% 880
Huelga 284 94 33.1% 125
Ejecución 279 30 10.8% 249
Total Puebla 14,138 1,809 12.8% 7,208
Nacional (referencia) 424,416 139,018 32.8% 223,585

Fuente: INEGI. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE), noviembre 2020 — diciembre 2025. (8 junio 2026). El procedimiento ordinario es el mecanismo para resolver conflictos laborales directos entre trabajador y patrón. El paraprocesal es no contencioso — no implica conflicto entre partes. Elaboración: Mexconomy MAP v2.0.

La tabla revela el mecanismo del colapso: el sistema judicial laboral de Puebla resuelve con eficiencia lo que no requiere resolver un conflicto —el paraprocesal, donde solo se solicita que el tribunal verifique o declare algo sin que haya partes enfrentadas—. El 81.8% de los expedientes solucionados en Puebla corresponde a ese procedimiento. Cuando hay conflicto real —cuando un trabajador demanda a su empleador o viceversa, cuando hay una huelga en proceso, cuando una sentencia necesita ejecutarse— el sistema prácticamente se detiene. Es funcionalmente eficiente en lo administrativo e inoperante en lo jurisdiccional.

GRÁFICA: Comparativo tasa de solución por tipo de procedimiento

Expedientes solucionados como porcentaje de expedientes abiertos, por tipo de procedimiento — Puebla 2020-2025. Fuente: INEGI RALABE, Boletines 31/26 y 18/26. Elaboración: Mexconomy MAP v2.0.

Lo que el sistema judicial no resuelve, lo paga el mercado

La reforma constitucional en materia de justicia laboral de 2017 estableció los tribunales laborales estatales precisamente para agilizar la resolución de conflictos que antes se acumulaban en las juntas de conciliación y arbitraje. Esa reforma entró en vigor en Puebla en la tercera etapa, en octubre de 2022. Han pasado más de tres años. Los órganos jurisdiccionales laborales poblanos pasaron de tres a cinco entre 2023 y 2025. El resultado, medido por el INEGI en el RALABE, es que el procedimiento ordinario —el instrumento central de la reforma, el mecanismo diseñado para que trabajadores y patrones obtengan una sentencia con garantías de audiencia y prueba— tiene una tasa de resolución de 1.8% en el estado.

Lo que eso significa en términos económicos concretos tiene dos dimensiones que el análisis convencional suele separar pero que el Mexconomy MAP trata como parte del mismo componente de confianza institucional. La primera es la del trabajador: 5,182 expedientes ordinarios en proceso de resolución en Puebla representan 5,182 conflictos laborales —despidos, pagos de liquidación, violaciones a contratos colectivos, reinstalaciones— que no tienen fecha de resolución. El trabajador que acudió al sistema de justicia lleva meses o años esperando una sentencia mientras el conflicto sigue abierto. La segunda dimensión es la de la empresa: la incertidumbre sobre el resultado y la duración de un litigio laboral es un costo real que se incorpora a las decisiones de contratación. Una empresa que no sabe si un despido le generará un litigio de dos semanas o de tres años toma decisiones distintas sobre cuándo y a quién contratar. Ese cálculo afecta el empleo formal, que en Puebla ya creció apenas 0.9% en 2025 —por debajo del promedio nacional.

TABLA 2: Posición de Puebla en el contexto del MAP Regional

Indicador Puebla Nacional Posición Señal MAP
Tasa de solución total 12.8% 32.8% 9° más baja C_e(t) negativo
Tasa de solución — ordinario 1.8% 28.4% Crítico Colapso funcional
Expedientes en proceso 7,208 (51.0%) 52.7% Media Rezago estructural
Expedientes de huelga abiertos 284 (2.0%) 1.3% 2x el promedio Tensión laboral elevada
Personas juzgadoras 5 261 total 1.9% del total Insuficiente para 3.8% PIB
Empleo formal — variación 2025 +0.9% +1.1% Por debajo del nacional E_e(t) en desaceleración

Fuentes: INEGI RALABE (8 junio 2026); INEGI SCNM MTPTREF (3 junio 2026). Elaboración: Mexconomy MAP v2.0 — Módulo Regional.

El dato de huelgas merece atención particular. Puebla concentra 284 expedientes de huelga abiertos, el doble de la proporción que le correspondería por su tamaño relativo respecto del total nacional. El sector automotriz del estado —Puebla alberga la planta manufacturera de mayor escala de Volkswagen en América— tiene historial de actividad sindical intensa y ciclos de negociación colectiva que generan conflictos formales. Que el sistema judicial laboral resuelva apenas 33.1% de esos expedientes de huelga, y que 125 permanezcan en proceso, es una señal sobre la capacidad del Estado para gestionar la tensión laboral en el sector que más depende de certeza jurídica para sostener su ciclo de inversión.

El déficit de capacidad que el Estado no ha cerrado

El argumento más simple para explicar el colapso sería la falta de recursos: pocos juzgadores, pocos órganos, poca infraestructura. Los datos del RALABE matizan esa lectura. Puebla pasó de tres a cinco órganos jurisdiccionales laborales entre 2023 y 2025, un incremento de 67% en capacidad instalada. En ese mismo período la tasa de solución no mejoró en la misma proporción. El problema no es únicamente cuantitativo —no se resuelve solo agregando tribunales. Es también un problema de diseño del proceso y de la carga de trabajo acumulada que el sistema heredó desde la implementación de la reforma laboral.

Con 2,828 expedientes por persona juzgadora —en un estado que representa 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que aloja una de las industrias manufactureras más importantes del país—, Puebla tiene una proporción de recursos judiciales laborales que no corresponde a su peso económico ni a su densidad de conflictos laborales. Un estado que aspira a posicionarse como receptor del nearshoring en el corredor industrial Puebla-Tlaxcala, que ya muestra señales de desaceleración del empleo formal, y que tiene una de las mayores proporciones de conflictos de huelga del país, está presentando al inversionista de largo plazo un sistema de justicia laboral que en cinco años no ha podido resolver 98.2% de sus conflictos ordinarios. Esa es la falla estructural que los indicadores de empleo e inversión extranjera no capturan directamente, pero que el componente C_e(t) del MAP Regional sí registra: el Estado que no cumple su función arbitral básica transfiere ese costo al mercado que dice querer desarrollar.

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Fuentes: INEGI. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE), noviembre 2020 — diciembre 2025. 8 de junio de 2026. INEGI SCNM, Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF), 3 de junio de 2026. Mexconomy MAP Puebla 2026: El crecimiento tiene dos velocidades. © 2026 HCS | Laboratorio Mexconomy, www.mexconomy.com · Mexconomy MAP (2026). Modelo de Agregados y Prospectiva v2.0. © 2026 HCS | Laboratorio Mexconomy, www.mexconomy.com