La SHCP reporta que el gasto en desarrollo social aumentó 9.7% real en el primer semestre de 2026, con alzas históricas en salud (18.3%) y educación (13.5%). El déficit presupuestario crece 19.5%, reflejo de la prioridad gubernamental en bienestar social.
Mexconomy — El gasto social en México alcanzó niveles récord en el primer semestre de 2026, pero el costo fiscal de esta política empieza a hacerse evidente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó un incremento real anual de 9.7% en el gasto de desarrollo social, el más alto para un primer semestre desde que se tiene registro. Dentro de este, sobresalieron los aumentos de 18.3% en salud —el mayor avance histórico—, 13.5% en educación y 6.1% en protección social, reflejo de una mayor cobertura de los Programas para el Bienestar y de la apuesta del gobierno por blindar a la población frente a la inflación y el empleo precario. Este esfuerzo, sin embargo, se da en un contexto donde el déficit presupuestario total creció 19.5% real anual y el balance primario se desplomó 51.3%.
La decisión de expandir el gasto social responde a un diagnóstico claro de la realidad económica: la inflación general, aunque bajó a 3.37% en junio, sigue erosionando el poder adquisitivo de los hogares, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que 38.5% de los trabajadores están en condiciones críticas de ocupación y 55% laboran en la informalidad. En este escenario, el gobierno ha optado por utilizar el presupuesto como herramienta de contención social, con incrementos sustanciales en salud y educación que buscan compensar la pérdida de ingresos reales y el deterioro de los servicios públicos. La SHCP destacó que la inversión en infraestructura de salud aumentó 218.5% en el mes de junio, y que el gasto en educación creció a un ritmo de dos dígitos, lo que evidencia una priorización clara de los sectores más vulnerables.
El costo de esta política se refleja en las cuentas públicas. El gasto neto total del sector público creció 2.1% real anual en el semestre, pero el déficit del Gobierno Federal se disparó 27.3% real, superando los 814,635 millones de pesos. Los ingresos tributarios totales apenas crecieron 0.4% real, con el ISR cayendo 6.2% por menores utilidades empresariales, lo que deja al gobierno con menos margen para financiar el gasto sin recurrir al endeudamiento. Aunque el costo financiero se redujo 4.8% real por la apreciación del tipo de cambio, la deuda pública se mantiene en 51% del PIB, y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubican en línea con el programa, pero el déficit estructural sigue creciendo.
La sostenibilidad de este modelo de gasto social depende de la capacidad de la economía para crecer y de la recaudación para acompañarlo. Por ahora, el crecimiento del PIB (1.5% trimestral, 2.1% anual) es insuficiente para generar los ingresos fiscales necesarios, y la debilidad industrial y la caída del ISR son señales de que la inversión privada no está respondiendo. El gobierno ha optado por una estrategia de protección social masiva, pero el déficit se amplía y la deuda, aunque estable como porcentaje del PIB, crece en términos nominales. La SHCP destaca que el gasto social es una inversión en capital humano y bienestar, pero el mercado laboral y la estructura productiva del país no están generando los empleos de calidad que permitirían a los hogares prescindir de esta ayuda.
La expansión del gasto social en el primer semestre de 2026 es la evidencia más clara de un cambio de paradigma fiscal: el gobierno prefiere un déficit más alto y una deuda estable para proteger a la población, en lugar de ajustes que profundicen la precariedad. Sin embargo, el riesgo es que el déficit se convierta en crónico si el crecimiento no se acelera. La decisión de invertir en salud y educación es socialmente necesaria, pero su financiamiento sigue dependiendo de un ISR que se contrae y de un IVA que repunta por fiscalización, no por dinamismo orgánico. La política social es el ancla del gobierno, pero el ancla fiscal se tensa cada vez más.
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