El diagnóstico de los especialistas privados sobre México encuentra en Puebla una expresión particularmente severa: la inseguridad y la informalidad se combinan con una inversión privada débil y dificultades de financiamiento. Mientras 21% de los analistas nacionales identifica la inseguridad pública como un freno al crecimiento, en Puebla 81.3% de la población urbana se siente insegura.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La discusión sobre el bajo crecimiento de México adquiere otra dimensión cuando se observa desde Puebla. A nivel nacional, los especialistas del sector privado colocan los problemas de gobernanza como el principal conjunto de obstáculos para la expansión económica. En la entidad, varios de esos factores aparecen simultáneamente: una elevada percepción de inseguridad, informalidad laboral, dificultades para acceder al financiamiento y una inversión privada que no termina de tomar fuerza.
La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, correspondiente a julio de 2026 y publicada por el Banco de México, señala que 44% de las respuestas identifica problemas de gobernanza como el principal factor que limita el crecimiento de México. Dentro de ese grupo, la inseguridad pública concentra 21% de las menciones; la falta de estado de derecho, 9%, y la corrupción, 6%.
La preocupación no es solamente cuantitativa. En una escala de 1 a 7, la inseguridad obtiene 6.2, el nivel más elevado entre los factores considerados; la falta de estado de derecho alcanza 5.9 y la corrupción 5.8. El mensaje para estados como Puebla es directo: el entorno de seguridad y certeza jurídica forma parte de las condiciones económicas con las que empresas y trabajadores toman decisiones.
En Puebla, esa primera barrera tiene una dimensión particularmente visible. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registró en junio una percepción de inseguridad de 81.3% en la población considerada en el indicador estatal. La cifra convierte a la seguridad en algo más que un problema de percepción pública: es una variable que condiciona la manera en que se vive, se trabaja y se hacen negocios.
La economía poblana enfrenta además una segunda contradicción: genera actividad, pero una proporción elevada del empleo permanece fuera de la formalidad. La informalidad laboral alcanza 70.9% en Puebla, muy por encima del nivel nacional de 55.0%. Esto limita la productividad, reduce la base de contribuyentes y dificulta que una parte importante de los trabajadores tenga acceso estable al crédito y a mecanismos formales de protección social.
El problema se vuelve más evidente entre los jóvenes. Una economía que incorpora a las nuevas generaciones principalmente mediante empleos informales tiene dificultades para construir trayectorias laborales ascendentes. El crecimiento del número de ocupados, por sí mismo, no garantiza una mejora equivalente en los ingresos ni en la productividad.
La inversión constituye el tercer punto de presión. A nivel nacional, la inversión privada acumuló una caída de 1.9% entre enero y mayo de 2026. En ese contexto, Puebla necesita convertir sus ventajas industriales, logísticas y de localización en proyectos privados de largo plazo. La entidad posee una base manufacturera relevante y vínculos con las cadenas productivas de América del Norte, pero esas ventajas requieren condiciones de seguridad, infraestructura y certeza jurídica para transformarse en nuevas inversiones.
El acceso al financiamiento agrega otra dificultad. La Encuesta de Crédito Bancario (EnBan) muestra restricciones para las pequeñas y medianas empresas en la región Centro. Para Puebla, donde las PyMEs tienen un peso considerable en la generación de actividad y empleo, la falta de crédito puede convertirse en un cuello de botella: una empresa que no puede financiar capital de trabajo, maquinaria o expansión difícilmente puede aumentar productividad y contratar formalmente.
El problema, entonces, no es únicamente atraer grandes inversiones. Puebla necesita crear un entorno en el que también puedan crecer las empresas locales. La seguridad, el acceso al crédito, la simplificación administrativa y la certeza sobre las reglas del juego son condiciones previas para que una pequeña empresa pueda convertirse en una empresa mediana y una empresa mediana en un proveedor competitivo de las cadenas industriales.
La dimensión territorial también importa. El contraste entre la actividad económica concentrada en las principales zonas urbanas e industriales y las condiciones laborales de buena parte del estado revela una brecha que los indicadores agregados pueden ocultar. Puebla puede recibir inversiones y generar empleos mientras mantiene simultáneamente altos niveles de informalidad y desigualdad regional.
Ahí aparece el vínculo entre seguridad y crecimiento. Una empresa no evalúa únicamente el costo de producir; también considera el costo de proteger instalaciones, mercancías y trabajadores, la certeza para hacer cumplir contratos y la previsibilidad de sus operaciones. Cuando esas variables se deterioran, una parte del capital puede simplemente posponer decisiones, reducir su exposición o buscar otros destinos.
El diagnóstico nacional de los especialistas también coloca la ausencia de cambio estructural entre los obstáculos relevantes, con 9% de las respuestas. Para Puebla, esa discusión debería traducirse en una pregunta concreta: ¿qué necesita hacer el estado para que su infraestructura industrial y su ubicación estratégica produzcan más valor agregado y mejores empleos?
La respuesta no pasa únicamente por anunciar nuevas inversiones. Requiere fortalecer las condiciones que permiten que esas inversiones permanezcan, se expandan y generen cadenas de proveedores locales. También exige mejorar la seguridad, reducir la informalidad y ampliar el acceso de las PyMEs al financiamiento.
El momento económico vuelve más urgente esa discusión. Los especialistas privados no esperan una expansión vigorosa de México durante 2026 y han elevado la probabilidad de una caída trimestral del PIB durante el tercer trimestre a 28.2%. En una economía nacional con menor dinamismo, los estados compiten todavía más por inversión, empleo y proyectos productivos.
Para Puebla, el riesgo es doble. No basta con que la economía nacional crezca poco; si la entidad mantiene costos elevados asociados a inseguridad, informalidad y falta de financiamiento, puede crecer todavía por debajo de su propio potencial.
La cifra de 81.3% de percepción de inseguridad debería leerse, por ello, también en clave económica. Una población que no se siente segura y empresas que enfrentan mayores incertidumbres operativas forman parte del mismo problema de fondo.
Puebla tiene activos para competir: industria, ubicación estratégica, infraestructura y conexión con los mercados de América del Norte. Lo que está en disputa es si esas ventajas serán suficientes para compensar un entorno que todavía impone costos elevados a quienes quieren invertir y generar empleo formal.
El reto económico del estado no es solamente atraer capital. Es construir las condiciones para que el capital quiera quedarse, crecer y multiplicarse dentro de Puebla. Y en ese desafío, la seguridad y el estado de derecho dejaron de ser asuntos separados de la economía: son parte de ella.
0 Comentarios