El Paquete Económico 2027 destina 1.025 billones a programas sociales, con 543,498 mmp para la Pensión Adultos Mayores, y 560,173 mmp a infraestructura, con 150,876 mmp para trenes. Salud y educación suman 2.4 billones. El déficit crece 19.5% real.
Mexconomy — El Paquete Económico 2027 concentra el gasto público en dos grandes vertientes: los programas sociales, que recibirán 1.025 billones de pesos equivalentes al 2.6% del PIB, y la inversión en infraestructura, que sumará 560,173 millones en proyectos estratégicos. El gasto neto total ascenderá a 10.515 billones de pesos, un incremento de 0.7% real respecto a 2026, mientras el gasto programable pagado —el que financia bienes, servicios y obra pública— crecerá 1.0% real hasta 7.311 billones. La educación recibirá 1.3 billones (+7%), la salud 1.1 billones (+10.9%) y la seguridad +11.5% real. El gobierno sostiene que el presupuesto "privilegia el gasto social" y que los cuatro rubros más importantes son educación, salud, política social y campo. El expediente, sin embargo, muestra que este gasto se financia con deuda creciente: el déficit presupuestario creció 19.5% real en el primer semestre de 2026, la recaudación real se estancó en 0.4% y el saldo nominal de la deuda creció 2.24 billones en el semestre. Este reportaje continúa la serie sobre el Paquete Económico 2027, tras los análisis de crecimiento, deuda y reforma fiscal.
Los programas sociales prioritarios concentran 1,025,388.5 millones de pesos. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es el programa más grande, con 543,498.4 millones, seguido de los programas de becas Benito Juárez, que suman 190,551.9 millones, y la Beca Rita Cetina para educación básica, con 133,561.3 millones. La Pensión Mujeres Bienestar recibirá 59,356.3 millones; Sembrando Vida, 40,500 millones; la Pensión para Personas con Discapacidad, 37,436.3 millones; el Programa de Vivienda Social, 34,353.9 millones; Jóvenes Construyendo el Futuro, 25,985.3 millones; y Salud Casa por Casa, 5,000 millones. El gobierno proyecta que estos programas alcancen a cerca de 43 millones de personas y que la Pensión Adultos Mayores cubra al 96.8% de la población adulta mayor. La inversión en programas sociales crecerá por encima de la inflación, en línea con el compromiso presidencial de mantener el "piso de bienestar".
La inversión en infraestructura es el segundo pilar del presupuesto. Los Nuevos Trenes concentran 150,875.6 millones de pesos, con proyectos como el Tren Saltillo-Nuevo Laredo (41,985.8 mmp), el Tren Querétaro-Irapuato (20,054.7 mmp), el Tren Maya (17,158.8 mmp), el Istmo de Tehuantepec (25,000 mmp) y el Tren México-Querétaro (5,682.2 mmp). A esto se suman 255,529.2 millones para Pemex, 60,991.6 millones para la CFE, 24,121.2 millones en carreteras y caminos, 22,761.9 millones en obras hidráulicas de la CONAGUA, 12,781.5 millones para la Defensa Nacional, 10,030.8 millones para la Marina y 8,370.8 millones para la SSPC. El total de la inversión en infraestructura asciende a 560,172.6 millones, que se financiarán con recursos públicos y esquemas de participación mixta con el sector privado, en el marco del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. La inversión física presupuestaria representará el 2.6% del PIB, ligeramente por encima del 2.5% de 2026.
La clasificación económica del gasto revela una contradicción interna. El gasto corriente crecerá 4.4% real hasta 4,458.2 millones, con un aumento de 7.3% en servicios personales —el mayor incremento de todos los rubros— y un alza de 4.6% en pensiones y jubilaciones. En contraste, el gasto de inversión caerá 12.3% real, impulsado por una reducción de 67.7% en la inversión financiera, que se explica por la reformulación de la estrategia de rescate de Pemex: el programa "Articulación de la Política de Hidrocarburos" pasará de 263,476 millones en 2026 a 81,100 millones en 2027. La inversión física, sin embargo, crecerá 3.5% real hasta 1,026.5 millones. El gobierno argumenta que la reducción de la inversión financiera no afecta la capacidad productiva porque se trata de amortizaciones de deuda de Pemex, no de gasto presupuestario. Pero el efecto neto es que el gasto de inversión total cae mientras el gasto corriente —el menos productivo— crece, lo que limita la capacidad de la economía para expandir su producto potencial.
El gasto en desarrollo social representa el 13.4% del PIB en la clasificación funcional, mientras el gasto en desarrollo económico representa el 4.4% y el de gobierno el 1.2%. El gasto programable del sector público presupuestario se concentra en cinco sectores estratégicos que absorben el 58.8% del total: Bienestar, Educación Pública, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Seguridad y Protección Ciudadana. En salud, el sector recibirá 1.1 billones de pesos, un aumento de 10.9% respecto a 2026, que se destinará a ampliar la cobertura, fortalecer la infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos. En educación, los recursos ascenderán a 1.3 billones, con un aumento de más de 7% para construcción y mejora de planteles, becas y expansión de universidades. El gobierno proyecta alcanzar una cobertura de vacunación del 95% en el Esquema Nacional de Vacunación y de 90% en esquemas completos en menores de un año.
Las transferencias a las entidades federativas también aumentarán. Las participaciones y aportaciones sumarán 3,048.2 millones de pesos, un 4.6% más en términos reales que en 2026. Las participaciones crecerán 3.0% real hasta 1,547.6 millones, mientras las aportaciones lo harán en 5.9% hasta 1,231.9 millones. El gasto no programable ascenderá a 3,204.0 millones, con un costo financiero de 1,575.0 millones y participaciones de 1,547.6 millones. El gasto de operación distinto de servicios personales caerá 3.4% real, en línea con la política de austeridad que el gobierno ha mantenido desde 2018. El límite máximo del gasto corriente estructural se fijará en 2,058,457.0 millones de pesos, con un crecimiento real propuesto de 1.9% anual, por debajo del crecimiento potencial del PIB estimado en 2.05%.
El balance del gasto público del Paquete 2027 es el de un presupuesto que prioriza el bienestar social y la inversión en infraestructura, pero que no explica cómo se financiará el aumento del gasto corriente sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El gasto en desarrollo social creció 9.7% real en el primer semestre de 2026, con incrementos de 18.3% en salud y 13.5% en educación. El gobierno sostiene que este gasto es necesario para reducir la pobreza y la desigualdad, y los datos le dan parcialmente la razón: el ingreso mediano real de los hogares creció 4.4% en el primer semestre, y la tasa de pobreza laboral se ha reducido. Pero el costo fiscal es alto: el déficit presupuestario creció 19.5% real, el balance primario cayó 51.3% y la deuda nominal escaló 2.24 billones. El gobierno está financiando el gasto social con deuda, no con ingresos sostenibles. La pregunta central del Paquete 2027 es si esta estrategia es sostenible en el mediano plazo o si, por el contrario, hipoteca el futuro de las próximas generaciones. El presupuesto responde con optimismo: la consolidación fiscal gradual y el combate a la evasión permitirán reducir el déficit sin recortar el gasto social. La evidencia muestra que la consolidación es lenta y el combate a la evasión, incierto.
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