El Paquete Económico 2027 propone limitar deducciones al 96.67%, reducir la deducción de intereses del 30% al 20% y ampliar a 20 años el plazo de pérdidas fiscales. La meta es recaudar 15.9% del PIB, sin nuevos impuestos. El ISR cayó 6.2% real en el primer semestre de 2026.
Mexconomy — El Paquete Económico 2027 contiene una reforma fiscal que el gobierno no llama reforma: cambios al Impuesto sobre la Renta (ISR) que buscan aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni elevar las tasas existentes. Las medidas son técnicas —límites a deducciones, restricciones a intereses netos, ampliación del plazo para deducir pérdidas— pero su efecto conjunto es una transformación del régimen tributario de las empresas. El objetivo es ambicioso: elevar los ingresos tributarios a 15.9% del PIB en 2027, el nivel más alto registrado, desde el 15.4% estimado para 2026 y el 14.7% observado en 2024. Para lograrlo, el gobierno apuesta a recaudar 185,000 millones de pesos por combate a la elusión y el contrabando, casi un tercio de los 580,000 millones en ingresos adicionales proyectados. El expediente, sin embargo, muestra que el ISR cayó 6.2% real en el primer semestre de 2026, que la recaudación real creció solo 0.4% y que los actos de fiscalización del SAT no han aumentado.
El diagnóstico oficial es contundente. Los Criterios Generales de Política Económica revelan que, en 2025, de 524 mil empresas que declararon ingresos positivos, el 60.7% —318 mil empresas— no registró un pago de ISR. De ellas, el 70.3% —223 mil empresas— no pagó porque presentó deducciones mayores o iguales a sus ingresos. El resto se explica por la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El gobierno concluye que "sólo una de cada diez empresas paga un impuesto equivalente al que paga una persona física del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)", es decir, 9 de cada 10 empresas no pagan impuestos o sus tasas efectivas son muy reducidas. Esta estadística es el justificante de la reforma: si las empresas no pagan, el Estado no tiene recursos para financiar el gasto social, la infraestructura y el desarrollo.
Las medidas concretas son cuatro. Primero, un mecanismo de control de deducciones: las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y al menos cinco años de constitución que deduzcan más del 96.67% de sus ingresos tendrán ese tope; las que deduzcan menos tendrán un límite del 99%. La medida no aplica a emprendedores, MiPyMEs ni empresas de reciente creación. Segundo, una reducción de la deducción de intereses netos: el límite actual del 30% de la utilidad fiscal ajustada bajará al 20%, con posibilidad de deducir el remanente en los siguientes 10 ejercicios. Tercero, una ampliación del plazo para deducir pérdidas fiscales: de 10 a 20 años, con la condición de que las empresas regularicen su situación. Cuarto, la eliminación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS), un esquema que permitía diferir el pago de ISR y que el gobierno considera un "subsidio implícito" que debe desaparecer. A estas medidas se suman la repatriación de capitales con una tasa de 7.5%, la tasa 0% de IVA en libros y un estímulo del 10% en ISR para ofertas públicas iniciales.
El contraste entre el diagnóstico y la evidencia es el punto crítico. El gobierno afirma que las medidas recaudarán 185,000 millones de pesos: 140,000 por combatir la elusión del ISR en empresas grandes y 45,000 por atajar el contrabando, la evasión y la subvaluación en aduanas. Pero el expediente muestra que la recaudación real está estancada y que el ISR cae. En el primer semestre de 2026, los ingresos tributarios crecieron solo 0.4% real; el ISR cayó 6.2% real por menores pagos provisionales y definitivos de personas morales; el IVA creció 10.6% real por mayor fiscalización, pero sin compensar la caída del ISR. Los actos de fiscalización del SAT no han aumentado de manera significativa, y la evasión fiscal sigue siendo un problema estructural. La meta de recaudar 185,000 millones adicionales requeriría un fortalecimiento profundo de las capacidades operativas del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas, que no se refleja en los datos actuales ni en el presupuesto asignado.
El riesgo de la reforma es doble. Por un lado, las empresas que legítimamente deducen más del 96.67% de sus ventas por la naturaleza de su actividad —comercio minorista, servicios con altos costos variables, distribución— podrían verse afectadas si la autoridad no distingue con precisión entre deducciones legítimas y esquemas abusivos. El gobierno sostiene que la medida "no es contra el emprendimiento" y que solo aplica a empresas grandes y consolidadas, pero la delimitación técnica es compleja y podría generar litigios masivos. Por otro lado, la limitación de deducciones podría desincentivar la inversión si las empresas perciben una mayor carga fiscal, en un contexto donde la inversión privada acumula una contracción de 0.7% en el semestre, el excedente bruto de operación cayó 0.9% anual en el primer trimestre y el 0% de los analistas considera que es un buen momento para invertir, según la encuesta de Banco de México. El gobierno apuesta a que la reforma es progresiva —"a los que evaden se les carga, a los que pagan se les mantiene igual"—, pero el efecto neto sobre la inversión es incierto.
La meta de 15.9% del PIB en ingresos tributarios es la más alta registrada en México. Para alcanzarla, el gobierno necesita que el ISR crezca 7.2% real y el IEPS 10.5% real en 2027, después de que ambos cayeron o crecieron marginalmente en 2026. El IVA crecería 2.6% real, muy por debajo del 10.6% observado en el primer semestre de 2026, lo que sugiere que el gobierno no espera repetir el efecto de la fiscalización extraordinaria del año anterior. La ecuación fiscal no cierra sin un crecimiento económico robusto —que no se materializa— ni sin una reforma administrativa profunda del SAT —que no se detalla— ni sin un combate efectivo a la evasión —que no se refleja en los datos—. El gobierno confía en que las medidas técnicas bastarán para cerrar la brecha. La historia reciente muestra que las metas de recaudación por combate a la evasión suelen quedar por debajo de lo proyectado. El Paquete 2027 apuesta a que esta vez será diferente.
La reforma fiscal silenciosa del Paquete 2027 es, en esencia, una apuesta por la eficiencia recaudatoria en un contexto de estancamiento económico y precariedad laboral. El gobierno no aumenta impuestos, pero sí cierra espacios de elusión que las empresas han utilizado durante décadas. Es una medida técnicamente defendible y políticamente astuta: permite al gobierno decir que no crea nuevos impuestos mientras amplía la base gravable. Pero su éxito depende de factores que no están bajo su control: la capacidad del SAT para fiscalizar a 54,000 empresas que no han pagado impuestos en cinco años, la resistencia legal de las empresas afectadas, la efectividad de la vigilancia aduanera y, sobre todo, la voluntad política de aplicar las medidas sin excepciones. La meta de 15.9% del PIB es un objetivo loable, pero la distancia entre el anuncio y la recaudación efectiva es amplia. La economía mexicana necesita recursos para financiar su desarrollo, pero también necesita certidumbre para invertir. El Paquete 2027 intenta equilibrar ambas demandas con una reforma que, por ahora, es más promesa que realidad.
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