Una revisión superficial de los datos del INEGI sugiere que la economía mexicana concluyó 2024 con cifras positivas: el país ahorra internamente el 21.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) e invierte el 19.0%. Sin embargo, las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT) del cuarto trimestre 2024 revelan una realidad más compleja.
Mexconomy - A pesar de este esfuerzo de ahorro, México mantiene un déficit de ahorro externo de -2.6% del PIB. En otras palabras: el país depende del financiamiento extranjero aun cuando ahorra más de lo que invierte.
El problema no radica en la magnitud del ahorro, sino en dónde se concentra y cómo se utiliza. Las CSIT muestran que el Gobierno concentra el 41.4% del valor neto de activos financieros, mientras que los Hogares apenas poseen el 34.9%. Esta distribución sugiere una economía capturada por el aparato estatal, donde el dinamismo del sector privado se ve limitado por una concentración excesiva de recursos en manos gubernamentales.
El desplazamiento silencioso de la IP
La teoría económica ha advertido durante décadas sobre el efecto crowding out: cuando el Estado absorbe una proporción desmesurada del ahorro interno, reduce la disponibilidad de crédito para el sector privado, encarece el financiamiento y desincentiva la inversión productiva. En México, este fenómeno no es explícito pero sí persistente.
Con apenas el 1.3% del PIB en inversión pública, el Gobierno acumula activos sin convertirlos proporcionalmente en capital físico ni infraestructura. El resultado es un freno estructural al crecimiento de largo plazo.
A esto se suma otro desequilibrio crónico: la sobrerrepresentación de las sociedades no financieras en la generación del PIB (42.6%), pese a haber perdido dinamismo respecto al año anterior. Aunque constituyen el principal motor económico, provocan una hemorragia de recursos hacia el exterior: su déficit por renta de la propiedad alcanza -21.7% del PIB. Esto significa que las ganancias generadas por empresas mexicanas son, en gran medida, repatriadas por capital extranjero en forma de intereses, utilidades o dividendos.
Más preocupante resulta la distribución del ingreso generado. Según las CSIT, el Excedente Bruto de Operación –los beneficios del capital– representa el 39.6% del PIB, mientras que las remuneraciones a los asalariados apenas alcanzan el 31.8%. Esta brecha es una señal de regresividad distributiva que limita el consumo interno y refuerza la desigualdad.
En términos keynesianos, la baja participación del ingreso laboral reduce la propensión marginal al consumo. Es decir, las familias tienen menor capacidad de gasto, lo que frena la demanda agregada y, consecuentemente, la inversión. El ciclo se vuelve autolimitante.
Dependencia de las remesas
La diferencia entre el ahorro y la inversión mexicanos se compensa con recursos del exterior. Las transferencias corrientes netas, particularmente las remesas familiares, equivalen al 3.7% del PIB. Aunque estas influyen positivamente en el consumo de los hogares, también reflejan una dependencia estructural preocupante: millones de hogares mexicanos subsisten gracias al ingreso generado en Estados Unidos.
Según el análisis estructural, esta situación implica subordinación económica. México no solo exporta mercancías, también exporta fuerza de trabajo, y el retorno en forma de remesas sostiene artificialmente su balanza externa. No obstante, si las condiciones migratorias cambian o el ciclo económico estadounidense se desacelera, este ingreso puede reducirse significativamente.
Estado: rico en activos, deficiente en eficiencia
El Gobierno presenta un ahorro bruto negativo (-0.9% del PIB) y una necesidad de financiamiento de -2.4%. Aunque posee activos financieros considerables, su capacidad para transformarlos en inversión pública es limitada. A largo plazo, este desequilibrio compromete la sostenibilidad fiscal y reduce el margen para políticas anticíclicas.
Según la teoría fiscal moderna, el Estado debe actuar como estabilizador automático, invirtiendo cuando el sector privado se contrae. Sin embargo, en México el Estado no está invirtiendo, sino acumulando pasivos. La inversión pública representa una fracción mínima del PIB, y su insuficiencia compromete el crecimiento. A México le urge cambiar el modelo de participación del Estado en la economía
La inversión bruta total representa apenas el 19.0% del PIB, cifra insuficiente para sostener un crecimiento económico robusto. El crecimiento endógeno, sin una masa crítica de formación bruta de capital fijo (FBKF), no puede generar ganancias de productividad sostenidas.
El problema no es únicamente cuantitativo, sino cualitativo. Con una parte considerable del ahorro gubernamental improductiva o mal canalizada, la economía mexicana se desconecta de los motores de desarrollo. Mientras tanto, el sector privado se asfixia entre tasas de interés elevadas, incertidumbre política y falta de incentivos reales.
Arquitectura económica disfuncional
El análisis de las CSIT al cierre de 2024 no es meramente una fotografía contable, sino un diagnóstico estructural. México no sufre por falta de ahorro, sino por una arquitectura económica que impide canalizar ese ahorro hacia el crecimiento. El Estado, lejos de ser motor del desarrollo, actúa como concentrador improductivo de recursos. El sector privado, aunque relevante, se ve desangrado por el capital extranjero. Los hogares, sustentados por remesas en gran parte, permanecen marginados de la creación real de riqueza.
Si el país no reforma su modelo de asignación de recursos, redistribución del ingreso y formación de capital, el aparente equilibrio macroeconómico se convertirá en un callejón sin salida. Los datos están disponibles. La pregunta es si la presidenta Claudia Sheinbaum los tomará en serio.
0 Comentarios