📦✈️ Mientras el gobierno presume alta satisfacción de las aerolíneas de carga en el AIFA, Estados Unidos acusa a México de incumplir acuerdos internacionales. La disputa va más allá de la logística: podría escalar a represalias diplomáticas y comerciales.

Mexconomy — La reubicación obligatoria de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha generado una tensión inesperada entre México y Estados Unidos. Para las autoridades mexicanas, el traslado fue exitoso y bien recibido. Para Washington, fue una medida unilateral que viola acuerdos bilaterales vigentes.

El director del AIFA, Isidoro Pastor Román, asegura que el 82.5% de las aerolíneas de carga estadounidenses no desean regresar al AICM. Esa cifra proviene —según explicó— de encuestas de satisfacción realizadas por el propio aeropuerto. La narrativa oficial subraya que las empresas están conformes con las condiciones operativas del AIFA.

Ventajas señaladas por el AIFA:

  • Infraestructura moderna: diseñada para alta eficiencia en manejo de carga.
  • Operación continua: disponible 24/7, a diferencia del AICM.
  • Mejor atención: personal capacitado y procesos más ágiles.

Con base en ello, las autoridades mexicanas argumentan que la transición no solo fue fluida, sino que ya está generando beneficios logísticos para las empresas.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su inconformidad. Para Washington, México incumplió el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos firmado en 2015. El Departamento de Transporte de EE. UU. señala tres violaciones clave:

  • Traslado forzoso: la orden obligatoria emitida por decreto federal.
  • Restricción de horarios en el AICM: sin obras compensatorias.
  • Incumplimiento contractual: ruptura de los principios de apertura y competencia del acuerdo bilateral.

Estas preocupaciones no se basan en percepciones, sino en el marco legal que regula el comercio aéreo entre ambos países. De acuerdo con autoridades estadounidenses, no se consultó ni se justificó técnicamente la medida, lo que afecta directamente a las aerolíneas con sede en EE. UU.

Washington ha dejado abierta la puerta a represalias comerciales y diplomáticas si no se atienden sus demandas. Entre las opciones contempladas están:

  • Negar nuevas solicitudes de rutas aéreas a aerolíneas mexicanas.
  • Retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza Delta–Aeroméxico.

Esto podría escalar el conflicto a niveles que afecten a todo el sector aeronáutico de ambos países, no solo al transporte de carga.

En el fondo, lo que está en juego es una discrepancia de interpretación: ¿las aerolíneas se sienten genuinamente satisfechas o simplemente se adaptaron a una imposición? Si las encuestas que presenta el AIFA reflejan una adaptación eficiente, el gobierno de EE. UU. podría estar usando el tema como instrumento de presión geopolítica. Pero si las empresas, aunque operen sin contratiempos, consideran que se les forzó a cambiar su centro de operaciones sin negociación, el conflicto persistirá.

El caso evidencia un fenómeno común en la política exterior comercial: la desconexión entre la satisfacción operativa local y los compromisos institucionales internacionales. Mientras en México se promueve el AIFA como un modelo de eficiencia, Washington insiste en que no se puede operar fuera de los marcos pactados.

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