México presenta estancamiento laboral disfrazado de estabilidad mientras la informalidad y el desaliento masivo se apoderan del mercado. Alarmante: 39.5% de los ocupados (23.5 millones) percibe hasta un salario mínimo.
Mexconomy — México cierra el tercer trimestre de 2025 con un mercado laboral paralizado que exhibe señales contradictorias de aparente estabilidad en la superficie, pero con un deterioro estructural profundo. La población económicamente activa (PEA) se contrajo en 67,000 personas, cayendo a 61.3 millones, mientras la tasa de participación se desplomó de 60.4% a 59.5%. Cada vez menos mexicanos están dispuestos a insertarse en un mercado laboral que sistemáticamente expulsa a la fuerza productiva hacia la inactividad económica y la informalidad.
El supuesto crecimiento del empleo —apenas 5,200 puestos ocupados más en un año para una nación de casi 60 millones de trabajadores— es estadísticamente irrelevante, una cifra cosmética que oculta reacomodos sectoriales dramáticos. El sector primario colapsó con la pérdida de 372,000 empleos en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, una hemorragia de 5.4% de su fuerza laboral que representa el abandono masivo del campo mexicano. Este éxodo rural se produce sin que las ciudades generen empleo de calidad suficiente para absorber a los desplazados.
La compensación sectorial es profundamente desequilibrada y preocupante: el comercio sumó 277,000 empleos, la industria manufacturera añadió 103,000, y restaurantes y servicios de alojamiento crecieron en 164,000. Sin embargo, estos sectores —típicamente de baja remuneración, alta rotación y mínima protección laboral— apenas compensan las pérdidas en actividades productivas. Peor aún, los servicios diversos cayeron en 84,000 empleos, los servicios sociales en 64,000, y el gobierno redujo 125,000 plazas. El patrón es claro: destrucción de empleo formal estable y expansión de actividades precarias.
Informalidad y precarización sistémica
El dato más demoledor del mercado laboral mexicano: 55.4% de los ocupados trabajan en la informalidad, lo que representa 33 millones de personas sin seguridad social, sin derechos laborales, sin certidumbre contractual. Esta tasa aumentó 0.8 puntos porcentuales respecto al año anterior, consolidando a México como una economía donde el empleo digno es excepción estructural, no norma. La ocupación en el sector informal alcanzó 17.6 millones de personas (29.5% del total), con un incremento anual de 833,000 trabajadores.
La atomización empresarial perpetúa esta precarización: 49.1% del empleo no agropecuario (23.9 millones de personas) se concentra en micronegocios, mientras los establecimientos grandes —motores potenciales de productividad y salarios competitivos— perdieron 175,000 empleos, cayendo a apenas 11.8% de participación. Los establecimientos medianos también retrocedieron con 179,000 empleos menos. Esta regresión hacia la informalidad y el autoempleo de subsistencia refleja un modelo económico incapaz de generar empresas sólidas y empleos de calidad.
La tasa de condiciones críticas de ocupación —trabajadores con jornadas excesivas e ingresos insuficientes— afecta a 33.6% de los ocupados, equivalente a 20 millones de personas. Aunque el indicador mejoró respecto al año anterior (36.8%), sigue significando que uno de cada tres trabajadores mexicanos vive en condiciones laborales inaceptables. Más alarmante: 39.5% de los ocupados (23.5 millones) percibe hasta un salario mínimo, perpetuando la trampa de pobreza laboral donde trabajar no garantiza salir de la precariedad.
Desaliento masivo y exclusión
La tasa de desocupación de 2.9% es engañosamente baja y oculta el verdadero drama del mercado laboral. La población no económicamente activa (PNEA) creció en 1.5 millones de personas, alcanzando 41.8 millones (40.5% de la población de 15 años y más). Este incremento masivo revela desaliento generalizado: millones de mexicanos que abandonaron la búsqueda de empleo ante la ausencia de oportunidades dignas.
Los trabajadores subordinados y remunerados —la categoría más cercana al empleo formal— cayeron en 225,000 personas, mientras que los empleadores crecieron en 508,000, sugiriendo que la "creación" de empleo proviene mayoritariamente de autoempleo forzado, no de contratación empresarial genuina. Los trabajadores por cuenta propia disminuyeron en 208,000, evidenciando el agotamiento de esta vía de supervivencia económica.
La exclusión femenina perpetúa las brechas: solo 45.7% de las mujeres participa en el mercado laboral versus 75.1% de los hombres, una brecha de 29.4 puntos porcentuales. Además, 47.1% de las mujeres ocupadas gana hasta un salario mínimo, comparado con 34.3% de los hombres, confirmando que la precariedad laboral tiene rostro de mujer. El mercado laboral mexicano expulsa sistemáticamente a más de la mitad de su población productiva femenina.
Geografía de la desigualdad laboral
Las disparidades regionales son abismales. Mientras Coahuila (33.3%), Nuevo León (34.2%) y Chihuahua (36.5%) mantienen niveles de informalidad relativamente contenidos, estados como Oaxaca (80.1%), Guerrero (77.2%) y Chiapas (77.0%) operan economías casi completamente informales. Esta fragmentación territorial refleja un país dividido entre enclaves del norte de modernidad relativa y vastas regiones del sur sumidas en la marginalidad estructural.
En condiciones críticas de ocupación, Chiapas (47.3%), Tlaxcala (43.4%) y Estado de México (42.9%) muestran los peores indicadores, mientras Baja California Sur (19.0%) y Nuevo León (21.0%) mantienen niveles significativamente menores. Estas brechas regionales profundizan la desigualdad nacional y consolidan patrones de desarrollo desigual que perpetúan la exclusión de millones de mexicanos.
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