Con el aumento del 13%, la relación salario mínimo-salario mediano rebasa el 60%, nivel que la OCDE asocia con distorsiones en empleo formal y productividad. La celebración oficial oculta una bomba de tiempo para el mercado laboral.
Mexconomy — El anuncio de Claudia Sheinbaum de elevar el salario mínimo a 315.04 pesos diarios para 2026 fue recibido con aplausos oficiales y respaldo de sectores empresariales que celebran alcanzar "la línea de bienestar familiar". Pero detrás de la retórica triunfalista se esconde una advertencia técnica que el gobierno prefiere ignorar: México ya superó el umbral crítico del 60% en la relación salario mínimo-salario mediano, un nivel que la evidencia internacional de la OCDE vincula con riesgos estructurales en empleo formal, productividad y acceso al mercado laboral, especialmente para jóvenes y trabajadores de baja cualificación.
Este no es un debate ideológico: es una realidad empírica documentada en docenas de países. México está entrando en territorio peligroso, y lo hace sin los fundamentos económicos que permiten sostener aumentos salariales de esta magnitud.
El problema no es que el alza de salarios desborde la inflación. La visión contemporánea reconoce que aumentos moderados pueden generar efectos positivos en economías con monopsonio laboral —mercados donde pocos empleadores concentran poder de contratación— y pueden estimular la demanda agregada sin destruir empleo, como demostró la literatura iniciada por Card y Krueger en los años 90. Sin embargo, esta evidencia se aplica a incrementos dentro de un rango de 40-50% del salario mediano. Cuando la ratio supera el 60%, las elasticidades cambian: la probabilidad de que el salario mínimo actúe como un precio piso que excluye trabajadores de baja productividad aumenta exponencialmente. En términos simples: si el salario mínimo se acerca demasiado al salario promedio, las empresas dejan de contratar formalmente a quienes no pueden generar valor por encima de ese costo, empujándolos hacia la informalidad o el desempleo.
Los datos contextuales agravan el diagnóstico. México enfrenta una desaceleración económica, con la Formación Bruta de Capital Fijo cayendo 8.9% anual y la inversión privada retrocediendo 9%. En paralelo, la informalidad laboral ha repuntado, alcanzando al 55% de la población ocupada. Este no es el escenario ideal para forzar aumentos salariales por decreto: la teoría de la demanda de trabajo establece que el empleo formal depende de la productividad marginal del trabajador. Si los salarios crecen más rápido que la productividad —y en México la productividad ha estado estancada durante dos décadas— el resultado inevitable es sustitución de trabajo por capital o informalización. Las empresas no pueden pagar salarios que excedan el valor que genera cada trabajador, especialmente en un contexto donde la inversión en maquinaria y tecnología se desploma. El ajuste no se hará vía inflación, como ingenuamente supone el gobierno, sino vía destrucción de empleo formal.
El caso de la Zona Libre de la Frontera Norte ilustra esta tensión. Ahí, el incremento fue de apenas 5%, llevando el salario mínimo a 440.87 pesos diarios. El gobierno justificó la diferenciación argumentando que busca evitar que el salario fronterizo "se dispare más que en el resto del país". Pero esta explicación revela una contradicción fundamental: si el gobierno reconoce que aumentos excesivos en la frontera generarían distorsiones económicas, ¿por qué asume que un aumento del 13% en el resto del país no las generará? La realidad es que la frontera norte tiene mayor productividad laboral debido a su integración con la manufactura estadounidense, infraestructura superior y densidad industrial. En contraste, estados del sur y centro del país tienen baja productividad, informalidad masiva y escasa integración a cadenas de valor globales. Imponerles un salario mínimo que se acerca al mediano sin las condiciones productivas para sostenerlo es una receta para acelerar la informalización.
Desde la perspectiva empresarial, el ajuste genera presiones inmediatas en las estructuras salariales. Cuando el salario mínimo sube dramáticamente, los salarios de escalafones superiores deben ajustarse para mantener diferenciales, generando compresión salarial y presiones inflacionarias en costos laborales que eventualmente se trasladan a precios o reducción de plantillas. Trabajadores calificados exigirán aumentos proporcionales para preservar su ventaja salarial, creando un efecto cascada que puede volverse insostenible para empresas con márgenes ajustados, especialmente pymes que representan el 99% del tejido empresarial mexicano. En la Región Sureste de Coahuila, por ejemplo, el incremento ya presiona estructuras salariales que históricamente habían mantenido holgura sobre el mínimo, obligando a replantear presupuestos completos de nómina.
El análisis optimista que celebra el fortalecimiento del poder adquisitivo y la reducción de pobreza laboral omite el equilibrio general. Sí, el aumento beneficia a quienes conservan empleo formal. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que buscan su primer empleo, los trabajadores de baja cualificación o las mujeres que regresan al mercado laboral? La evidencia internacional es contundente: cuando el salario mínimo supera el 60% del mediano, estos grupos enfrentan mayores barreras de entrada al empleo formal. Las empresas, ante costos laborales más altos, elevan sus estándares de contratación, exigiendo mayor experiencia y educación. Resultado: los más vulnerables son expulsados hacia la informalidad, donde no hay prestaciones, seguridad social ni derechos laborales. La paradoja es cruel: una política que busca reducir pobreza laboral termina excluyendo del mercado formal precisamente a quienes más lo necesitan.
El problema de fondo es que México aplica política salarial expansiva sin política productiva. Voces empresariales advierten correctamente que los aumentos deben ir "acompañados de mayor productividad, inversión y desarrollo económico". Pero el gobierno hace exactamente lo contrario: aumenta salarios mientras la inversión pública cae 22% anual, la inversión privada retrocede 9% y la infraestructura productiva se deteriora. El crecimiento sostenible depende de acumulación de capital físico, humano y tecnológico. Sin eso, aumentar salarios es como distribuir un pastel que se hace cada vez más pequeño. Eventualmente, no alcanza para todos. El modelo correcto sería: invertir masivamente en educación técnica, infraestructura, energía confiable y Estado de derecho; eso elevaría la productividad, permitiendo aumentos salariales orgánicos, sostenibles y sin distorsiones. Pero ese camino es largo, complejo y no genera noticias favorables inmediatas a la presidenta. Es más fácil decretar aumentos que hacer crecer la productividad.
La historia económica latinoamericana está plagada de experimentos populistas donde gobiernos aumentaron salarios sin fundamentos productivos, generando ciclos de inflación-devaluación-crisis. Argentina, Brasil, Venezuela: todos cometieron el mismo error de creer que la prosperidad se decreta. México presenta diferencias estructurales importantes: la entrada permanente de divisas por remesas —que superan los 60,000 millones de dólares anuales— y las altas tasas de interés que pagan los instrumentos de deuda gubernamental mantienen estables las reservas del Banco de México y anclan el tipo de cambio, evitando el ciclo clásico de devaluación-inflación. Esta estabilidad cambiaria y monetaria, sin embargo, no elimina el riesgo estructural: el problema no es inflacionario ni cambiario, sino de destrucción de empleo formal y exclusión laboral. La OCDE no está pidiendo que se congelen salarios: está advirtiendo que se actúe con prudencia, evaluando productividad y efectos sobre empleo formal, no sobre la inflación o el tipo de cambio. Pero en un gobierno donde la economía se subordina a la política, esas advertencias técnicas se desechan como "neoliberalismo". Y así, México avanza hacia un umbral de riesgo que, una vez cruzado, puede tener consecuencias irreversibles para millones de trabajadores que hoy celebran un aumento que, en poco tiempo, podría costarles su empleo formal.
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