El Índice de Desarrollo Industrial 2025 de Finsa revela que Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Estado de México y Jalisco lideran la captación de inversiones manufactureras, mientras 16 entidades presentan bajos niveles de actividad industrial, evidenciando profundas brechas regionales en el país.
Mexconomy — México transita hacia un modelo de desarrollo industrial altamente polarizado. Mientras la frontera norte y el bajío consolidan su liderazgo manufacturero, la mitad del territorio nacional enfrenta rezagos estructurales que limitan su capacidad para integrarse al ciclo productivo derivado del nearshoring. El Índice de Desarrollo Industrial (IDI) 2025, elaborado por Finsa, documenta esta concentración geográfica en un contexto marcado por tensiones geopolíticas globales y competencia por inversiones estratégicas.
El estudio revela que solo seis entidades acumulan más del 50% del PIB manufacturero nacional: Nuevo León (12.6%), Estado de México (9.3%), Coahuila (8.2%), Jalisco (7.9%), Guanajuato (6.9%) y Baja California (6.6%). Estos estados, con ecosistemas industriales maduros, mantienen ventajas competitivas en infraestructura logística, disponibilidad de talento técnico y conectividad que facilitan la absorción de nuevos proyectos productivos.
En contraste, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo figuran entre las entidades con mayores carencias. Dieciséis estados registran niveles bajos de desarrollo industrial y tres más se ubican en rango medio-bajo, evidenciando limitaciones en infraestructura, capacidades productivas y entorno institucional que dificultan su incorporación al mapa manufacturero, aun con incentivos gubernamentales.
El diagnóstico coincide con la estrategia federal del Plan México y la creación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, orientados a reducir brechas regionales. Sin embargo, Finsa advierte que aprovechar la ventana de oportunidad del nearshoring exige atender desafíos urgentes: asegurar oferta energética suficiente, modernizar infraestructura logística, fortalecer seguridad pública y Estado de derecho, además de acelerar la formación de talento especializado. El IDI se construyó con 30 indicadores en cinco dimensiones: infraestructura, entorno económico, entorno social, medio ambiente, y talento e innovación.
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