Toño tiene 34 años, repara celulares en un puesto del mercado de Tepito, trabaja doce horas diarias de lunes a sábado y gana más que el salario mínimo. No tiene IMSS. No tiene Afore. No tiene crédito. Si se enferma, paga de su bolsillo.
Mexconomy — Si cierra el puesto, no hay liquidación. Si llega a los 65 años sin haber cotizado, no hay pensión. Para la estadística oficial, Toño tiene empleo. Para el modelo económico que hemos construido en este laboratorio, Jesús es parte del problema más grave que la Cuarta Transformación no resolvió y, según los datos, agravó.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy el de la presidenta Claudia Sheinbaum presentan con orgullo un dato real: la tasa de desempleo en México llegó a 2.6% en 2025, el nivel más bajo desde que existe registro. Es un número verdadero. El problema es el número que no se menciona junto a él: 54.9%. Esa es la proporción de la población ocupada que trabaja en la economía informal. Más de la mitad. Más de 32 millones de personas que tienen trabajo pero no tienen seguridad social, no contribuyen al sistema fiscal y no acumulan derechos laborales. México no tiene un problema de desempleo. Tiene un problema de calidad del empleo. Y el modelo que hemos calibrado con datos históricos de 1982 a 2025 cuantifica con precisión lo que el discurso oficial omite: el período de la 4T no solo no redujo la informalidad al ritmo necesario, sino que la empeoró de manera estadísticamente medible.
El número que lo prueba es γ₂ = 0.431. No hace falta entender la notación matemática para comprender lo que significa: en la regresión econométrica que estima cómo cambió la informalidad entre 2006 y 2023, controlando por crecimiento económico y nivel de deuda, el período de la 4T añadió en promedio 0.43 puntos porcentuales adicionales de informalidad por año respecto a la tendencia previa. En siete años, eso equivale a entre 2 y 3 puntos porcentuales de informalidad adicional que no se explican por el ciclo económico ni por la pandemia: se explican por la estructura misma del modelo de gasto. Las transferencias directas —la Pensión para Adultos Mayores, las becas, los apoyos del Bienestar— operaron, en el margen, como un desincentivo a formalizarse. El trabajador en el umbral entre la informalidad y el sistema formal hace un cálculo sencillo: si el Estado ya me da ingreso sin exigirme que cotice, ¿para qué pagar IMSS?
El desempleo más bajo con la informalidad más persistente
La paradoja no es un accidente estadístico. Es la expresión más clara de una tensión que el modelo humanista nunca resolvió: se puede reducir el desempleo medido y aumentar la informalidad real al mismo tiempo, porque ambas métricas miden cosas distintas. El desempleo mide si alguien tiene o no tiene trabajo. La informalidad mide si ese trabajo está conectado al sistema productivo formal o existe al margen de él. México lleva cuatro décadas atrapado en ese doble registro. La tasa de informalidad era de 59.8% en 2005, cuando el INEGI comenzó a medirla con la metodología actual. Bajó gradualmente hasta 56.2% en 2018, el año en que comenzó la 4T. En 2025 se ubica en 54.9%. La reducción en siete años es de apenas 1.3 puntos porcentuales. Al ritmo actual, México necesitaría más de un siglo para llevar la informalidad al nivel de una economía desarrollada.
Lo que hace más revelador el dato de 2025 es su dirección: en el último año disponible, la informalidad subió 0.5 puntos porcentuales respecto a 2024, incorporando a 630 mil personas adicionales al sector informal. Eso ocurrió simultáneamente con el anuncio del mínimo histórico de desempleo. Ambas cifras son verdaderas. Juntas cuentan una historia que ninguna de las dos cuenta por separado: México crea trabajo, pero lo crea en el lugar equivocado. El empleo informal no genera recaudación fiscal, no contribuye al sistema de pensiones, no produce encadenamientos productivos y no mejora la productividad de la economía. Es trabajo que consume presente sin construir futuro.
Por qué importa en el bolsillo de cada quien
El trabajador informal no es solo una estadística. Es la tortillería que no puede acceder a un crédito bancario para comprar una máquina más eficiente. Es el plomero que no puede cotizar una pensión porque cada peso que gana se va en gastos del día. Es la costurera que trabajó cuarenta años sin que nadie le descuente ni un centavo para su retiro. Cuando esas personas lleguen a la vejez —y llegarán, porque la esperanza de vida en México es de 75 años— el Estado tendrá que sostenerlas con transferencias financiadas con deuda. El costo de la informalidad de hoy es el gasto social inevitable de mañana. El modelo lo captura en el término \( \beta_3 \) de la función de desigualdad: la deuda que crece para financiar transferencias a quienes no cotizaron termina, en el largo plazo, elevando la desigualdad que buscaba reducir.
La pregunta que el modelo no puede responder —porque es política, no matemática— es qué hubiera pasado si las mismas transferencias que fueron a consumo inmediato hubieran ido a subsidiar la formalización: pagar la cuota patronal del IMSS de las microempresas durante los primeros años, reducir el costo burocrático de registrarse, crear incentivos reales para que el trabajador en el umbral elija el sistema formal. Países como Brasil y Colombia han ensayado esos mecanismos con resultados parciales pero medibles. México los discutió y no los implementó. El coeficiente γ₂ = 0.431 es la huella estadística de esa decisión.
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