En enero de 2019, una trabajadora doméstica en la Ciudad de México ganaba el salario mínimo: 102.68 pesos diarios. En enero de 2025 ganaba 278.80 pesos. El aumento nominal es de 171%. Descontando la inflación del período, la ganancia real es de aproximadamente 40%.
Mexconomy — Es el incremento salarial más sostenido que ha tenido el decil de menores ingresos en la historia económica reciente de México. El coeficiente de Gini —la medida internacional de desigualdad donde cero es igualdad perfecta y uno es desigualdad absoluta— bajó de 0.426 en 2018 a 0.394 en 2024. Esa reducción de 0.032 puntos en seis años es la más rápida registrada en un sexenio desde que existe la medición. El modelo que hemos calibrado en este laboratorio lo confirma: la dimensión redistributiva del modelo humanista funcionó. El problema, y es un problema que el propio modelo cuantifica con precisión, es lo que viene después de ese logro.
El parámetro β₂ = −0.000355 de la función de desigualdad calibrada establece que el incremento del salario mínimo tiene un efecto real y medible sobre la reducción del Gini. No es una transferencia que desaparece en el consumo sin dejar huella: es una mejora distributiva que el modelo registra como contribución positiva al bienestar social total \( M(t) \). Esa es la buena noticia, y es importante decirla sin ambigüedad porque el análisis crítico que sigue no la niega: México redujo la desigualdad de ingreso corriente durante la 4T de manera estadísticamente significativa. Lo hizo principalmente a través de dos mecanismos: el aumento sostenido del salario mínimo real y la expansión de los programas de transferencias directas. El primero tiene multiplicador productivo —un salario más alto en el sector formal detona consumo, recaudación y contribuciones sociales. El segundo tiene multiplicador inmediato pero limitado: el dinero llega, se gasta y no regresa como capital acumulado.
Y aquí aparece el otro parámetro, el que el discurso oficial nunca menciona junto al logro redistributivo: β₃ = +0.000427. En la misma función de desigualdad calibrada con datos del CONEVAL y la ENIGH entre 2006 y 2023, la deuda pública tiene un coeficiente positivo sobre el Gini. Positivo significa que cuando la deuda sube, la desigualdad tiende a subir con ella en el largo plazo. El mecanismo es directo y no requiere fórmulas para entenderse: cada peso de deuda pública genera intereses que el Estado debe pagar. En 2025, el costo financiero de la deuda mexicana fue de 1 billón 524 mil millones de pesos, equivalente al 4.1% del PIB. Ese dinero no va a hospitales, no va a escuelas, no va a infraestructura productiva: va a los tenedores de bonos del gobierno, que en su mayoría pertenecen a los estratos de mayor ingreso de la distribución. La deuda que crece para financiar transferencias redistributivas termina, en el horizonte de mediano plazo, transfiriendo recursos de regreso hacia arriba. Es una escalera de caracol que sube y baja al mismo tiempo.
El Gini que el modelo puede ver y el que no puede ver
La reducción del coeficiente de Gini entre 2018 y 2024 mide desigualdad de ingreso corriente: lo que las familias reciben en el mes en que se levanta la encuesta. Es una medición real y válida. Pero hay otras dimensiones de la desigualdad que el Gini no captura y que los datos del período humanista sugieren que no mejoraron al mismo ritmo. La desigualdad de riqueza acumulada —activos, propiedades, ahorros, derechos de pensión— sigue siendo una de las más altas de América Latina. La desigualdad de acceso a servicios de salud de calidad no se resolvió con el sistema IMSS-Bienestar: la brecha entre quien tiene seguridad social formal y quien no la tiene sigue siendo un abismo. Y la desigualdad de oportunidades educativas —la que determina el ingreso de la siguiente generación, no de la actual— apenas mejoró: la tasa de matriculación en educación superior sigue siendo de las más bajas de la OCDE entre los quintiles de menores ingresos.
El modelo captura esa tensión en la descomposición final de \( M(t) \): la función \( S(t) \) aporta +0.014 puntos al bienestar total entre 2019 y 2025, la única contribución positiva de los cuatro componentes del sistema. Pero esa ganancia es insuficiente para compensar la pérdida de −0.076 puntos que proviene del deterioro de la productividad —Pieza II de esta serie— y los −0.025 puntos atribuibles al efecto de la deuda creciente sobre el bienestar futuro. El modelo humanista ganó la batalla de la redistribución y está perdiendo la guerra del crecimiento sostenible. Y perder la guerra del crecimiento tiene consecuencias redistributivas propias: sin más riqueza que distribuir, la desigualdad tiene un piso estructural que ninguna transferencia puede perforar indefinidamente.
Lo que el salario mínimo no puede hacer solo
El salario mínimo es la política redistributiva más poderosa y más barata de instrumentar: se decreta, se publica en el Diario Oficial de la Federación y produce efectos inmediatos sobre los ingresos del decil más bajo. Por eso los gobiernos de izquierda lo utilizan con preferencia y razón. El problema es que tiene límites físicos que ningún decreto puede superar. Si el salario mínimo sube más rápido que la productividad de los trabajadores que lo perciben, las empresas tienen tres opciones: absorber el costo reduciendo márgenes, trasladarlo a precios o sustituir trabajo por capital. Las tres opciones tienen consecuencias redistributivas que van en sentido contrario al objetivo original. La inflación subyacente por encima del 4.4% en marzo de 2026 —con el componente de servicios particularmente rígido— sugiere que la segunda opción ha sido la más frecuente: los precios absorben parte del aumento salarial antes de que llegue al bolsillo real del trabajador.
El CONEVAL reportó en 2024 que la pobreza por ingresos bajó del 41.9% en 2018 al 36.3% en 2024. Es una reducción de 5.6 puntos porcentuales en seis años, el mayor descenso en un sexenio desde que existe la medición oficial. Ese logro es real y el modelo lo registra. Lo que el modelo también registra —a través de \( \beta_3 \)— es que la deuda pública que financió en parte esa reducción ya está generando presiones que se traducirán en menor gasto social disponible en los años siguientes, precisamente cuando la población que salió de la pobreza necesita servicios de salud, educación y seguridad social para no volver a caer. La pregunta que el modelo no puede responder es cuántos de esos 5.6 puntos porcentuales de reducción de pobreza son permanentes y cuántos son el reflejo de transferencias que el fisco no podrá sostener indefinidamente con una condición de Domar deteriorada: tasas de interés del 9.2% promedio contra un crecimiento económico de apenas 0.6% en 2025. La desigualdad que el modelo humanista redujo con esfuerzo fiscal considerable corre el riesgo de regresar por la puerta de la deuda que nadie pagó.
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