El ingreso laboral per cápita en Puebla creció 6.4% en el último año y la pobreza laboral descendió a 36.2%, su nivel más bajo desde 2016. Sin embargo, la informalidad alcanza 70.9%, las condiciones críticas de ocupación suben a 46.3% y la manufactura destruyó 47 mil empleos. Detrás del indicador positivo se oculta un proceso de mutación hacia el comercio informal y la pérdida de derechos laborales.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El gobierno de Alejandro Armenta puede presumir un dato inédito: por primera vez desde que se mide, la pobreza laboral en Puebla —el porcentaje de la población cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta alimentaria— se situó en 36.2% durante el primer trimestre de 2026, según el informe del INEGI publicado este 26 de agosto. La caída anual fue de 4.8 puntos porcentuales (desde 41.0% en 2025) y el ingreso laboral real per cápita aumentó 6.4%, hasta 2,830 pesos mensuales (a precios de 2020). La masa salarial total creció 9.8%, superando los 17,447 millones de pesos. Si se mira exclusivamente este indicador, la administración estatal podría reclamar un éxito en la lucha contra la pobreza extrema.
Pero los mismos microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que alimentan el cálculo de la pobreza laboral revelan una realidad paralela y perturbadora. La tasa de informalidad laboral (TIL1) en Puebla se mantiene en 70.9%, es decir, más de dos de cada tres trabajadores carecen de seguridad social, prestaciones de ley y acceso a un retiro digno. Las condiciones críticas de ocupación (TCCO) —personas que ganan menos de un salario mínimo o trabajan jornadas excesivas o reducidas— subieron de 45.3% a 46.3% en el mismo periodo. Y la industria manufacturera, el sector formal por excelencia, perdió 47 mil empleos en un año, mientras que el comercio y los servicios diversos ganaron 21 mil y 20 mil puestos, respectivamente, en su mayoría informales y de baja productividad.
¿Cómo es posible que la pobreza laboral disminuya mientras la precariedad se profundiza? La respuesta apunta a un mecanismo perverso. Cuando se destruye empleo formal —con retenciones de impuestos, cuotas obrero-patronales y prestaciones— y los trabajadores se refugian en la informalidad, su ingreso neto puede aumentar en el corto plazo porque dejan de pagar ISR y las contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, ese ingreso adicional es ficticio en términos de bienestar integral: el trabajador pierde el derecho a atención médica, incapacidades, ahorro para el retiro, aguinaldo y vacaciones. La encuesta de pobreza laboral mide exclusivamente si el ingreso corriente alcanza para comprar la canasta alimentaria. No captura la vulnerabilidad futura, la ausencia de protección social ni la calidad del empleo. En esa brecha se cuela el espejismo.
La tendencia de largo plazo confirma una mutación estructural que este medio ha documentado en entregas anteriores. La gráfica de pobreza laboral muestra una mejoría sostenida desde el pico de 55.5% alcanzado en el tercer trimestre de 2020 (en plena pandemia). Pero esa mejoría coincide con el desplome del empleo manufacturero y el traslado de la fuerza laboral hacia micronegocios y comercio ambulante. En el Área Metropolitana de Puebla y el Valle de Tehuacán —antiguos polos industriales y agroindustriales— se observa una creciente terciarización precaria. Las fábricas cierran o reducen plantilla, y en su lugar proliferan puestos de venta de comida, ropa y servicios personales sin registro. Esta “amorfia económica” disuelve el tejido productivo y consolida un modelo de empleo de subsistencia, no de desarrollo.
El contraste con el resto del país es aleccionador. Mientras México redujo su pobreza laboral a 30.7% en el primer trimestre de 2026, Puebla sigue 5.5 puntos arriba. El ingreso per cápita poblano (2,830 pesos) es 22.5% inferior a la media nacional (3,653 pesos). La masa salarial estatal representa apenas el 4% del total nacional, a pesar de concentrar más del 4.5% de la población ocupada. En otras palabras, los poblanos trabajan proporcionalmente más pero ganan menos y peor. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 ya había colocado a la entidad como la peor evaluada en satisfacción de trámites, con una tasa de corrupción al alza (15,185 víctimas por cada 100 mil habitantes) y un gobierno que oculta información sobre el Cablebús y los viajes en helicóptero del gobernador.
La conclusión no admite ambages: la disminución de la pobreza laboral en Puebla es un espejismo estadístico que no debe confundirse con bienestar auténtico. Sin una política agresiva de formalización, sin inversión en manufactura de alto valor agregado y sin transparencia para combatir la corrupción, la tendencia a la precarización se profundizará. Los poblanos de hoy ganan apenas lo suficiente para no morir de hambre, pero trabajan sin red de protección, sin futuro y bajo la sombra de un gobierno que prefiere manipular indicadores antes que rendir cuentas.
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Fuente: INEGI. Pobreza Laboral (PL), primer trimestre de 2026 (publicación 26 de agosto de 2026); Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2026; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Elaboración propia con base en datos oficiales. La gráfica muestra la evolución de la pobreza laboral (mínimo histórico en 1T2026) frente a la persistencia de la informalidad laboral.
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