La planta de Stanley Black & Decker en Puebla cerró tras seis décadas y dejó 500 desempleados. El hecho se suma a la pérdida de 47 mil empleos manufactureros en un año, mientras la informalidad llega a 70.9% y la pobreza laboral cae a 36.2% —un espejismo que oculta la precarización estructural. El gobierno de Alejandro Armenta no ha mediado.

Mexconomy — El jueves, más de 500 trabajadores de la planta de Stanley Black & Decker en Puebla se presentaron a laborar y no pudieron registrar su ingreso. Un día antes, la empresa les había pedido retirar sus pertenencias con el pretexto de una fumigación. El cierre definitivo, anunciado en una reunión sorpresiva, puso fin a casi 60 años de operaciones en la entidad. La multinacional estadounidense, dedicada al ensamblaje de herramientas eléctricas y accesorios de ferretería, no ha emitido una postura oficial. Versiones locales apuntan a problemas financieros y pérdida de competitividad. El secretario general de la CROM en Puebla, Alejandro Contreras, aseguró que los trabajadores fueron liquidados conforme a la ley y que el sindicato colabora con autoridades estatales para reubicarlos. El gobierno de Alejandro Armenta —quien asumió en diciembre de 2024— no ha hecho declaraciones.

El cierre de Stanley Black & Decker no es un hecho aislado. Es la materialización de una tendencia que los agregados estadísticos habían anticipado. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2026, la industria manufacturera poblana perdió 47 mil empleos en un año. El empleo formal registró un avance de apenas 0.9% en 2025, por debajo del promedio nacional, mientras el sector informal expandió su Valor Agregado Bruto (VAB) un 6.8% y sus remuneraciones un 17.4% —el tercer registro más alto del país, de acuerdo con el Mexconomy MAP. La economía de Puebla no está creciendo de manera equilibrada: el motor formal se desacelera y la válvula de escape informal absorbe la diferencia.

Los indicadores oficiales dibujan una paradoja. La pobreza laboral —el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta alimentaria— cayó a su mínimo histórico de 36.2% en el primer trimestre de 2026, una mejora de 4.8 puntos frente a 2025. El ingreso laboral real per cápita subió a 2,830 pesos mensuales (a precios de 2020) y la masa salarial total creció 9.8%. Sin embargo, la tasa de informalidad laboral (TIL1) se mantiene en 70.9%: más de dos de cada tres trabajadores poblanos carecen de seguridad social, prestaciones y acceso a un retiro digno. Las condiciones críticas de ocupación (TCCO) subieron de 45.3% a 46.3% en el mismo periodo. La paradoja se resuelve cuando se entiende que el ingreso neto en la informalidad puede aumentar en el corto plazo (al no pagar impuestos), pero a costa de perder derechos laborales. La pobreza laboral mide insuficiencia alimentaria, no calidad del empleo ni protección social. En esa brecha se cuela el espejismo.

Mexconomy ha documentado el contexto institucional de esta desindustrialización. La opacidad, la corrupción al alza y la falta de confianza en las instituciones —apenas 40.4% de la población confía en los gobiernos estatales a nivel nacional, y Puebla ni siquiera aparece destacada en los gráficos positivos— crean un entorno hostil para la inversión productiva. Las empresas no cierran solo por problemas financieros globales; también lo hacen porque la gobernanza local no ofrece certidumbre.

El cierre de Stanley Black & Decker ocurre, además, en vísperas de la revisión del T-MEC del 1 de julio de 2026. El Mexconomy MAP asigna una probabilidad del 45% a un escenario de suspensión parcial que afectaría directamente al sector automotriz —que representa cerca del 26% de las exportaciones manufactureras de México— y por extensión a toda la cadena industrial. Puebla, con su planta de Volkswagen en Cuautlancingo y su corredor industrial Puebla-Tlaxcala, es uno de los estados más expuestos. La desindustrialización silenciosa que muestran el cierre de plantas como Stanley y la hemorragia de 47 mil empleos manufactureros deja a la entidad sin amortiguadores. El sector informal, que crece porque absorbe el desplazamiento de trabajadores, no tiene la productividad ni la capacidad de generar divisas para compensar un choque externo. La “amorfia económica” —la mutación de la industria y la agroindustria hacia el comercio informal— documentada por este medio en el Área Metropolitana de Puebla y el Valle de Tehuacán se acelera.

El gobierno de Alejandro Armenta no ha mostrado capacidad de revertir esta tendencia. Mientras la manufactura se desmorona, la informalidad se consolida y la corrupción se normaliza, la administración estatal se limita a señalar la caída de la pobreza laboral como un logro. Pero esa caída es exactamente el reverso de la precariedad: es el resultado de que los trabajadores formales se vuelven informales y, al dejar de pagar impuestos, ven un incremento nominal en su ingreso neto. No es desarrollo; es un empobrecimiento de las condiciones de vida a largo plazo. Los 500 trabajadores de Stanley Black & Decker que fueron despedidos con engaños —primero la fumigación, luego el cierre— son el rostro humano de una economía que se desindustrializa sin plan de rescate. El sindicato habla de reubicación, pero la pregunta es: ¿en qué empresas? ¿En la manufactura que se contrae o en el comercio informal que ya satura las calles de Puebla? La respuesta definirá el futuro inmediato del estado.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2025 y 2026; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025; Mexconomy MAP (Modelo de Agregados y Prospectiva) v2.0, con base en INEGI MTPTREF y MEITEF (boletines 374/26 y 375/26). Elaboración propia. El cierre de Stanley Black & Decker fue reportado por fuentes laborales y sindicales el 4 de junio de 2026.

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