El sector público acumuló un déficit presupuestario de 578,901 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, un aumento real de 19.5%. Los especialistas anticipan un déficit económico de 3.5% del PIB y RFSP de 3.2%. El mayor gasto social convive con una caída real de 6.2% en el ISR y una menor capacidad para generar ahorro público.
Mexconomy — Las finanzas públicas mexicanas llegan a la segunda mitad de 2026 con una tensión cada vez más evidente: el Gobierno mantiene un elevado esfuerzo de gasto social mientras algunos de los ingresos tributarios más vinculados con la actividad económica pierden dinamismo. El resultado es un déficit mayor, aunque todavía dentro de los parámetros previstos por el Gobierno, y un margen fiscal cada vez más estrecho para responder ante una eventual desaceleración.
El Balance del Sector Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó un déficit presupuestario de 578,901 millones de pesos entre enero y junio de 2026, un incremento real anual de 19.5%. El Gobierno Federal concentró buena parte de la presión, con un déficit de 814,635 millones de pesos, 27.3% más en términos reales.
El dato requiere una lectura menos lineal de la que sugiere el aumento porcentual. Hacienda sostiene que el déficit observado fue 358 mil millones de pesos inferior al programado para el periodo. El problema fiscal, por tanto, no es que el Gobierno haya perdido el control inmediato de sus metas, sino que el balance entre ingresos, gasto y financiamiento se está produciendo en un entorno económico menos favorable.
Las expectativas privadas apuntan en esa dirección. Los especialistas consultados por el Banco de México anticipan que el déficit económico cerrará 2026 en 3.5% del PIB y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) en 3.2% del PIB, ambas previsiones ligeramente superiores a las de junio. Son indicadores distintos: mientras el déficit presupuestario refleja el balance de los ingresos y gastos presupuestarios, los RFSP ofrecen una medida más amplia de las necesidades de financiamiento del sector público.
El principal foco de atención está en los ingresos. El Impuesto sobre la Renta (ISR), que representa alrededor de 53% de los ingresos tributarios, cayó 6.2% real anual durante el primer semestre, al pasar de 1.611 a 1.572 billones de pesos. Hacienda atribuye el retroceso principalmente a menores pagos asociados con la declaración anual de personas morales.
La caída resulta relevante porque ocurre mientras la economía muestra señales de debilidad en sectores directamente relacionados con la generación de utilidades y la inversión. La inversión privada acumula una contracción de 1.9% entre enero y mayo, mientras la actividad industrial permanece prácticamente estancada. Menores utilidades empresariales significan también una base más débil para la recaudación del ISR.
El comportamiento de otros impuestos ofrece un contraste. El IVA aumentó 10.6% real anual durante el primer semestre, su mayor crecimiento para un periodo similar desde 2014. El IEPS distinto de combustibles avanzó 9.1% y los impuestos a las importaciones 6.4%. La recaudación, por tanto, no está cayendo en conjunto; el problema es su composición y la capacidad de sostenerla si el crecimiento pierde fuerza.
Del lado del gasto, el Gobierno mantiene una prioridad clara. El gasto en desarrollo social aumentó 9.7% real anual durante el primer semestre, con incrementos de 18.3% en salud, 13.5% en educación y 6.1% en protección social. Se trata de una expansión significativa que permite sostener programas y servicios públicos en un entorno de empleo todavía precario.
Pero la estructura del gasto también revela una tensión. Mientras el gasto programable total aumentó 3.7% real, la inversión física cayó 7.9% en el acumulado del semestre, aunque en junio registró un repunte de 56.2%. El gasto de operación disminuyó 7.2%, en línea con las medidas de austeridad, y el costo financiero de la deuda bajó 4.8% real.
La reducción del costo financiero ofrece un alivio temporal. La apreciación del peso y las operaciones de refinanciamiento permitieron generar ahorros estimados en 111 mil millones de pesos. Sin embargo, ese beneficio no modifica el problema estructural: el Estado necesita financiar simultáneamente gasto social, inversión pública, servicios y obligaciones financieras mientras la recaudación asociada a la actividad productiva pierde dinamismo.
El balance primario muestra con claridad esa presión. El superávit antes del pago de intereses pasó de 246,606.9 millones de pesos en el primer semestre de 2025 a 124,825.6 millones en 2026, una disminución real de 51.3%. México todavía genera un resultado primario positivo, pero el colchón fiscal se ha reducido de manera importante.
La deuda, mientras tanto, permanece bajo control relativo en términos del PIB, aunque su saldo nominal continúa aumentando. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51% del PIB al cierre de junio, por debajo de lo previsto, mientras la deuda neta del Gobierno Federal representó 47.8% del PIB.
El hecho de que la deuda se mantenga en una proporción manejable respecto del PIB no significa que la presión haya desaparecido. El saldo nominal de la deuda bruta aumentó de 18.115 billones a 20.355 billones de pesos durante el semestre. Además, las condiciones financieras y las expectativas de crecimiento determinarán cuánto costará refinanciar esos pasivos en los próximos años.
La decisión de Moody's de reducir la calificación soberana de Baa2 a Baa3, aunque acompañada de un cambio de perspectiva de negativa a estable, constituye una señal que el mercado debe observar. Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I mantuvieron sus respectivas calificaciones. México conserva el grado de inversión, pero el mensaje común es que la trayectoria fiscal seguirá siendo un elemento central para evaluar la fortaleza financiera del país.
El dilema para 2026 es, entonces, menos dramático y más profundo de lo que sugiere la palabra “déficit”. El Gobierno todavía cumple sus metas fiscales y conserva acceso al financiamiento, pero dispone de menos espacio para utilizar el gasto como herramienta contracíclica si la economía se desacelera.
Si el crecimiento mejora, la recaudación puede recuperar dinamismo y facilitar la estabilización de las cuentas públicas. Pero si la inversión privada continúa cayendo, la industria permanece estancada y el empleo formal pierde fuerza, la presión sobre los ingresos podría persistir al mismo tiempo que aumenta la demanda de gasto público.
Ahí se encuentra el verdadero riesgo para las finanzas públicas mexicanas: no en una crisis fiscal inmediata, sino en la posibilidad de que un crecimiento débil, menores ingresos tributarios y compromisos crecientes de gasto reduzcan progresivamente el margen de maniobra del Gobierno.
Las finanzas públicas todavía tienen capacidad de respuesta, pero el espacio se estrecha. El desafío será sostener el gasto social sin sacrificar inversión productiva, recuperar el dinamismo de los ingresos y evitar que el endeudamiento se convierta en el mecanismo permanente para compensar un crecimiento insuficiente.
0 Comentarios