La 2ª Encuesta Nacional de Gestión Menstrual 2025 revela que el 51% de las mexicanas renunció a alimentos o medicamentos para comprar toallas. El 89% desconoce la eliminación del IVA y solo el 32% tiene acceso gratuito en escuelas y trabajos. El 93% apoya licencias menstruales.
Mexconomy — La menstruación en México sigue siendo un costo que las mujeres pagan con su salud, su educación y su alimentación. La 2ª Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, elaborada por Essity, Unicef y la Fundación para la Infancia México, revela que el 51% de las encuestadas que han enfrentado dificultades económicas ha tenido que renunciar a comprar alimentos, medicamentos o servicios para poder adquirir toallas desechables. El dato, que se repite en Chiapas (62%), Baja California (60%) y Chihuahua (63%), evidencia una realidad que la política pública ha ignorado: la gestión menstrual es un gasto forzoso que profundiza la desigualdad de género y la precariedad económica de las mujeres. El levantamiento, realizado entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025 en viviendas de todo el país y en cinco entidades (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Michoacán), ofrece un retrato crudo de la economía de las mujeres desde la adolescencia hasta la menopausia.
El desconocimiento de las políticas públicas es otro hallazgo crítico. Aunque en 2022 el gobierno federal eliminó el 16% de IVA a los productos de gestión menstrual, solo el 11% de las encuestadas lo sabía en 2025. En 2022, el 35% estaba al tanto de la medida; tres años después, la proporción se desplomó 24 puntos porcentuales. La brecha es mayor en Chiapas (7%) y Baja California (8%), y ligeramente menor en Chihuahua y Jalisco (11%). La eliminación del IVA, que debería haber aliviado el costo de los productos, ha sido invisibilizada por la falta de comunicación oficial y por la ausencia de una estrategia de educación fiscal con perspectiva de género. El resultado es que la política pública existe, pero no llega a quienes más la necesitan.
La cobertura de productos gratuitos en escuelas y lugares de trabajo también retrocedió. En 2022, el 40% de las encuestadas reportó que su escuela o centro laboral proveía productos de gestión menstrual gratuitos; en 2025, la cifra cayó a 32%. Chiapas, el estado con mayor pobreza del país, tiene la cobertura más baja: solo 19%. Baja California, con mayor urbanización e ingreso, alcanza 54%. La brecha regional es de 35 puntos porcentuales y refleja la desigualdad estructural que caracteriza al federalismo mexicano: los estados con menos recursos son los que menos invierten en derechos menstruales, a pesar de que son los que más los necesitan. La infraestructura escolar y laboral también es deficiente: solo el 58% de los cubículos de baño tiene lavamanos propio, el 83% cuenta con papel higiénico y el 79% tiene botes de basura con tapa para el desecho de materiales.
El dolor menstrual es una barrera económica y de salud que la encuesta documenta con precisión. El promedio de intensidad del dolor es de 7.1 en una escala de 1 a 10, y en Chihuahua y Baja California alcanza 7.4 y 7.5, respectivamente. El 36% de quienes sufren cólicos compra analgésicos o parches mensualmente, con un gasto promedio de 123.10 pesos por compra. En Chiapas, el gasto asciende a 165.20 pesos; en Chihuahua, a 167.00 pesos. El dolor no solo genera un costo directo, sino que limita la vida cotidiana: el 38% ha dejado de hacer deporte por la menstruación, el 26% ha dejado de usar determinada ropa y el 13% ha faltado a la escuela. La razón principal para abandonar actividades es el dolor (34%), seguida por el miedo a "manchar" la ropa (33%). La menstruación sigue siendo un factor de exclusión social y económica.
El apoyo social a los derechos menstruales es amplio, pero no se traduce en políticas efectivas. El 93% de las encuestadas está de acuerdo con que se otorguen permisos de ausencia al trabajo o la escuela por causas menstruales, y el 98% apoya que el gobierno estatal destine recursos a productos gratuitos. Sin embargo, solo el 6% conoce si en su estado existen leyes de licencias menstruales, y solo el 27% sabe de reformas locales sobre educación menstrual y acceso gratuito. La distancia entre el consenso social y el conocimiento de las políticas es abismal. Mientras el 96% considera que la menstruación debe enseñarse a niños y niñas, y el 92% cree que es algo natural que no debería ser visto mal, las instituciones no han logrado traducir ese consenso en acciones concretas. La brecha entre la opinión pública y la política pública es uno de los hallazgos más relevantes del informe.
La menopausia y la perimenopausia son los capítulos más invisibilizados de la economía de las mujeres. El 80% de las encuestadas no ha escuchado hablar de la perimenopausia, y el 59% no recurrió a ningún tratamiento para aliviar los síntomas de la menopausia. Los bochornos afectan al 56%, los sudores nocturnos al 28% y los cambios de estado de ánimo al 30%. La edad promedio de la menopausia es de 50 años, pero en las mujeres a las que les extirparon la matriz desciende a 40 años, una década antes. La falta de tratamiento y la desinformación convierten esta etapa en un proceso silencioso que afecta la salud, el trabajo y la calidad de vida de millones de mujeres. La economía de la menopausia —los costos de salud, la pérdida de productividad, la ausencia de políticas de apoyo— sigue siendo un tema ausente en la agenda pública.
El balance de la 2ª Encuesta Nacional de Gestión Menstrual es el de una realidad que la política económica ha ignorado sistemáticamente. La menstruación es un gasto forzoso para las mujeres, una barrera para su participación laboral y educativa, y un factor de desigualdad regional. El 51% que renuncia a alimentos para comprar toallas no es una estadística aislada: es la expresión de un modelo económico que no reconoce el costo de la reproducción social ni la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres. La eliminación del IVA, las licencias menstruales y la gratuidad de productos son demandas con amplio respaldo social (93%, 93% y 98%, respectivamente), pero su implementación es desigual, insuficiente y desconocida. La perspectiva de género en la economía no es un adorno discursivo: es una necesidad analítica para entender cómo se distribuyen los costos de la vida cotidiana. Sin políticas públicas que reconozcan la gestión menstrual como un derecho y una inversión, la pobreza menstrual seguirá siendo una de las caras más invisibles de la desigualdad en México.
Indicadores clave de la gestión menstrual en México
Evolución nacional 2022-2025 y comparativo por entidad seleccionada (%)
| Indicador | Nacional 2022 | Nacional 2025 | Baja California | Chiapas | Chihuahua | Jalisco | Michoacán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renuncia a básicos para comprar toallas (%) | 54 | 51 | 60 | 62 | 63 | 51 | 49 |
| Conocimiento eliminación IVA (%) | 35 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 |
| Acceso a productos gratuitos en escuela/trabajo (%) | 40 | 32 | 54 | 19 | 51 | 33 | 42 |
| Apoyo a licencias menstruales (%) | 88 | 93 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Dolor promedio (escala 1-10) | — | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
| Gasto en analgésicos por compra (pesos) | — | 123.10 | 153.60 | 165.20 | 167.00 | 130.10 | 146.20 |
La 2ª Encuesta Nacional de Gestión Menstrual 2025, elaborada por Essity, Unicef y la Fundación para la Infancia México, se levantó entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025 en viviendas de todo el país y en cinco entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. La muestra nacional tiene un error de ±3.1% y las estatales de ±4.9%, con 95% de confianza. Los resultados se estiman con factores de expansión, no con frecuencias simples.
Mexconomy | Fuente: Essity, Unicef y Fundación para la Infancia México. 2ª Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en adolescentes, mujeres adultas y personas menstruantes en México. Levantamiento: 21 de noviembre al 14 de diciembre de 2025. Nacional y cinco entidades federativas (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán)..png)
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