La inseguridad cuesta 5% del presupuesto operativo a empresas en México, que ocupa el lugar 140 de 180 en corrupción. Coahuila (-13.0%) y Chihuahua (-13.5%) caen en construcción. La reforma judicial añade incertidumbre y Moody's mantiene perspectiva negativa.

Mexconomy — La inseguridad y la corrupción han dejado de ser un tema de percepción para convertirse en un costo operativo cuantificable. La American Chamber of Commerce en México reportó en 2024 que las empresas destinan hasta 5 por ciento de sus presupuestos operativos a gastos de seguridad, protección de ejecutivos y aseguramiento de mercancías. Ese porcentaje equivale, en una economía formal de 1.5 billones de dólares, a decenas de miles de millones anuales que no se invierten en productividad.

El país registró una tasa de 11.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, según el INEGI. El dato nacional esconde una geografía desigual, pero el ciclo electoral de ese año fue el más violento en la historia moderna: más de 30 candidatos —locales, municipales y gubernativos— fueron asesinados, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Observatorio de Datos Cívicos documentó que muchos de esos crímenes estuvieron vinculados a grupos del crimen organizado que buscan influir en la política local y controlar territorios. El costo para las empresas no es solo el gasto en seguridad: es la pérdida de certidumbre para invertir en las regiones donde el Estado no garantiza el orden.

La corrupción agrava el problema. El World Justice Project colocó a México en el lugar 135 de 142 países en su índice de ausencia de corrupción de 2024. Transparency International lo ubicó en el lugar 140 de 180. El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 con bombo y platillo, acumula diez años con "pocos éxitos" según el propio Departamento de Estado. Las prácticas más reportadas incluyen funcionarios que desvían fondos públicos, crean empresas fantasma para desviar recursos o exigen sobornos a cambio de no procesar delitos o de adjudicar contratos. En diciembre de 2024, el gobierno disolvió siete órganos autónomos —incluidos los de telecomunicaciones, competencia económica y transparencia— y redistribuyó sus funciones entre secretarías del Ejecutivo. Analistas advierten que esa consolidación "podría socavar la independencia regulatoria y la transparencia, abriendo la puerta a decisiones regulatorias con motivación política".

La reforma judicial de septiembre de 2024 añade una capa de incertidumbre. La elección popular de jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte, y la creación de un Tribunal Disciplinario cuyas decisiones no admiten apelación, generaron que Moody's mantuviera su calificación Baa2 con perspectiva negativa para la deuda soberana. La agencia citó textualmente que la reforma "plantea riesgos para el sistema de controles y equilibrios de México". Standard & Poor's, en contraste, mantuvo su BBB estable en julio de 2024, citando el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit fiscal. La divergencia entre calificadoras refleja una tensión real: los mercados de corto plazo no castigan el riesgo institucional, pero las agencias de mediano plazo sí lo registran.

El impacto territorial es medible. La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras reportó que Coahuila cayó 13.0 por ciento anual en valor de producción en julio de 2026, Chihuahua 13.5 por ciento, Baja California Sur 16.8 por ciento y Durango 21.3 por ciento. Estos estados concentran los mayores retrocesos de la construcción privada y son, a la vez, los que registran costos de seguridad más altos para las empresas. En contraste, los estados del sur con obra pública federal —Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Hidalgo— crecen a doble dígito sin que la seguridad sea el factor determinante, porque el impulsor es el gasto público, no la inversión privada. La corrupción también tiene traducción fiscal: el rubro de accesorios, que incluye multas y recargos por fiscalización, creció 13.5 por ciento real anual entre enero y agosto de 2026, según la SHCP. El ISR, en cambio, cayó 5.6 por ciento, señal de que la economía formal se contrae mientras la fiscalización se intensifica.

El informe del Departamento de Estado también documenta que la Fiscalía General de la República no reportó estadísticas sobre aplicación de la ley en propiedad intelectual durante los últimos cinco años, y que no hubo investigaciones ni enjuiciamientos penales por falsificación de marcas ni piratería de derechos de autor en 2024. México fue incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria del Informe Especial 301 de 2025. Los mercados notorios de piratería —Tepito en Ciudad de México, San Juan de Dios y El Santuario en Guadalajara— están controlados, según el informe, por organizaciones criminales transnacionales que también participan en lavado de dinero mediante la importación de mercancías falsificadas. La conexión entre crimen organizado, piratería y contrabando cierra el círculo: la inseguridad no solo cuesta 5 por ciento del presupuesto empresarial, también distorsiona la competencia y priva al Estado de ingresos fiscales.

El cierre es incómodo. México cumple sus metas fiscales, crece 3.3 por ciento anual y mantiene una deuda en 51.5 por ciento del PIB. Pero lo hace con una economía formal en declive, una geografía de la inversión privada que se contrae en el norte industrial y un entramado institucional que genera desconfianza. La seguridad y la corrupción no son externalidades del modelo: son parte del modelo. Cada peso que una empresa destina a protegerse es un peso que no invierte; cada órgano autónomo disuelto es un contrapeso menos; cada reforma judicial sin consenso es un punto más de incertidumbre. El T-MEC review de 2026 será el espejo donde esas tensiones se reflejen con mayor claridad.

Variación anual del valor de producción de la construcción por entidad

Estados del norte industrial vs. promedio nacional (julio 2026)

Indicador Valor Fuente
Homicidios por 100 mil habitantes (2024)11.7INEGI
Candidatos asesinados en 2024+30Depto. de Estado EE.UU.
Costo de seguridad empresarial (% presupuesto)5%American Chamber
México en ausencia de corrupción (WJP 2024)135 de 142World Justice Project
México en percepción de corrupción (TI 2024)140 de 180Transparency International
Calificación Moody's soberanaBaa2 negativaMoody's, nov. 2024
Órganos autónomos disueltos (dic. 2024)7Depto. de Estado EE.UU.
ISR var. real anual (ene-ago 2026)-5.6%SHCP
Accesorios var. real anual (ene-ago 2026)+13.5%SHCP
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), julio 2026. Departamento de Estado de Estados Unidos, 2025 Investment Climate Statement: Mexico. SHCP, Comunicado No. 78, agosto 2026. World Justice Project 2024. Transparency International 2024.
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