La ENCIG 2025 ubicó a Puebla entre las entidades con menor satisfacción ciudadana con los trámites, mientras la tasa de víctimas de corrupción alcanzó 15,185 por cada 100 mil habitantes. Los datos no prueban por sí mismos una fuga de inversión, pero sí exhiben costos institucionales que pueden elevar la incertidumbre y reducir la eficiencia económica.

Mexconomy — El problema económico de Puebla no se limita a la producción, el empleo o la inversión. También se encuentra en la forma en que ciudadanos y empresas interactúan con el gobierno. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI reportó que sólo 73.4% de la población poblana se declaró satisfecha con los trámites presenciales, frente a 82.3% a nivel nacional. El resultado coloca a Puebla en la posición más baja del país para este indicador. La misma encuesta registró una tasa de víctimas de corrupción de 15,185 por cada 100 mil habitantes, superior a las 11,897 observadas en 2023. Más que demostrar por sí sola un deterioro económico, esta combinación revela un problema de calidad institucional: trámites poco satisfactorios y una elevada exposición de la población a actos de corrupción aumentan los costos de interacción con el Estado.

Desde la perspectiva económica, ese costo importa. Una empresa que enfrenta trámites lentos, incertidumbre administrativa o solicitudes indebidas de pagos debe dedicar más tiempo y recursos a cumplir con obligaciones que no generan valor productivo. Para un pequeño negocio, esos costos pueden representar una barrera adicional para formalizarse; para una empresa de mayor escala, pueden incorporarse al cálculo de riesgo de una inversión. La ENCIG estima que el costo de la corrupción en trámites y servicios a nivel nacional alcanzó 17,707 millones de pesos en 2025, con un promedio de 3,865 pesos por persona afectada. No existe en la encuesta un desglose equivalente que permita atribuir una cantidad específica a Puebla, por lo que no puede calcularse a partir de estos datos el costo estatal ni afirmar que sea la causa de la debilidad de la inversión. Lo que sí puede sostenerse es que la corrupción representa un costo económico real para hogares y empresas.

La transparencia constituye la otra pieza del problema. En Puebla, decisiones relacionadas con la reserva de información sobre el Cablebús y los viajes en helicóptero del gobernador Alejandro Armenta han generado cuestionamientos públicos sobre el alcance del escrutinio de los recursos y actividades gubernamentales. Una reserva de información puede estar jurídicamente sustentada y no equivale automáticamente a corrupción; sin embargo, cuando decisiones relevantes sobre gasto público son difíciles de auditar desde el exterior, aumenta el costo de verificar cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los recursos. Para una economía que busca atraer capital, la previsibilidad regulatoria y la disponibilidad de información son activos institucionales, porque reducen la incertidumbre que acompaña cualquier proyecto de inversión.

El contraste con la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) resulta relevante, aunque debe evitarse una relación causal simplista. La IED en Puebla disminuyó 62.8% durante 2025, en un contexto donde también influyen factores nacionales e internacionales, las condiciones de la industria automotriz, las decisiones corporativas y la disponibilidad de infraestructura. La debilidad institucional puede formar parte de ese entorno de riesgo, pero la ENCIG no permite medir cuánto pesa sobre las decisiones de inversión. La conclusión económicamente sostenible es otra: Puebla enfrenta simultáneamente un desafío de inversión y un problema de confianza institucional que debería ser atendido como parte de su estrategia de competitividad.

El gobierno de Alejandro Armenta ha colocado infraestructura, agua, transporte, residuos y desarrollo productivo entre sus prioridades, pero la competitividad no depende únicamente de construir obras o atraer proyectos. También requiere un Estado capaz de resolver trámites con rapidez, reducir espacios para la corrupción, transparentar decisiones y ofrecer certidumbre jurídica. La ENCIG 2025 muestra que Puebla tiene un déficit en esa relación cotidiana entre gobierno y sociedad. El desafío consiste en convertir la transparencia y la integridad pública en instrumentos de política económica: menos costos de transacción, mayor certeza y mejores servicios pueden traducirse en un entorno más favorable para formalizar empresas, invertir y producir. El desarrollo no se frena únicamente cuando falta infraestructura; también cuando las instituciones hacen más costoso utilizarla.

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025; Secretaría de Economía, Inversión Extranjera Directa 2025; información y declaraciones públicas relacionadas con la reserva de información del Cablebús y viajes en helicóptero, 2025-2026. Elaboración propia con base en datos oficiales.

Información relacionada:

puebla, corrupcion, opacidad, encig, inegi, calidad institucional, confianza institucional, tramites, cablebus, viajes en helicoptero, alejandro armenta, inversion extranjera directa, ied, transparencia, rendicion de cuentas, costos de transaccion